Tamaulipas

Cuerpos hallados en Tamaulipas recuerdan a masacre de San Fernando de 2010: ONU

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas.
martes, 26 de enero de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, expresó su preocupación por el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas.

“Estamos profundamente preocupados por los hechos reportados por distintos medios sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida, al menos varias de las victimas serían guatemaltecas”, expresó durante una declaración a medios.

Los hechos, comentó, recuerdan a la masacre ocurrida de San Fernando Tamaulipas en 2010 -donde 72 migrantes centroamericanos fueron asesinados y sus cuerpos abandonados a la intemperie- y la masacre de Cadereyta, Nuevo León, en 2012 -cuando se encontraron 49 torsos, de los cuales, al menos 13 eran migrantes centroamericanos-. Sucesos por los que “los familiares de las víctimas aun siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”.

Fernández-Maldonado explicó que la mayoría de las personas salen de sus países debido a circunstancias económicas adversas -agravadas por la pandemia por covid-19 y el paso de los huracanes Eta y Iota- así como por reunificación familiar, situaciones de violencia y persecución.

Sin embargo, la falta de alternativas para una migración segura, ordenada y regular los orilla a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas y aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias”, señaló y pidió manifestó su deseo de que las víctimas y sus familias reciban apoyo de las autoridades consulares.

“Se debe permitir el acceso de las familias o sus representantes a la información contenida en los expedientes judiciales que se abran por estos hechos. Este es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de las víctimas”, concluyó.

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