Colima

Condenan a 58 años de cárcel a asesinos de Andrea… una década después del crimen

Aunque la forma en que ocurrió el crimen encuadra en la definición de feminicidio que contiene el Código Penal del estado, el homicidio de Andrea no pudo ser juzgado como tal, debido a que se registró días antes de que el Congreso local aprobara la tipificación de ese delito.
lunes, 11 de octubre de 2021

COLIMA, Col. (apro).- Una década después del asesinato de Andrea –estudiante de tercer semestre de bachillerato, quien a sus 16 años era también una destacada deportista–, dos individuos recibieron una condena de 58 años y tres meses de prisión tras de ser encontrados culpables del hecho.

La tarde del 20 de agosto de 2011, la menor se dirigía caminando a una sesión de entrenamiento cuando, de acuerdo con las investigaciones, fue atacada por los dos hombres en las inmediaciones de las canchas de futbol Dosa, en la colonia Albarrada, al sur de esta ciudad.

Después del suceso, la víctima estuvo desaparecida cinco días, en los que sus familiares la buscaron en diversos puntos de la entidad, hasta que su cuerpo fue hallado en una compuerta del canal Juárez, ubicado en la misma zona del asesinato, donde fue arrojado por sus victimarios.

Aunque por la forma en que ocurrió encuadra en la definición de feminicidio que contiene el Código Penal del estado, el homicidio de Andrea no pudo ser juzgado como tal, debido a que se registró días antes de que el Congreso local aprobara la tipificación de ese delito.

Los acusados del asesinato fueron detenidos por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) a principios de septiembre de 2011, casi dos semanas después de los hechos, y desde entonces permanecen en prisión.

La ahora Fiscalía General del estado (FGE) informó que, dentro del proceso y tras las resoluciones, “los responsables acudieron en diversas ocasiones a la Segunda Instancia, hasta que finalmente se obtuvo la sentencia condenatoria en su contra”.

Una vez establecida la sentencia por parte del juez, precisó la FGE, “cada uno de los sentenciados deberá cumplir una pena de 58 años y tres meses de prisión en el Centro de Reinserción Social de Colima, así como pagar una multa al erario estatal y un pago para la reparación del daño, más los intereses que acumule la suma desde el mes de agosto de 2011 hasta la fecha en que se efectúe dicha reparación”.

Días antes de su asesinato y desaparición, Andrea se había inscrito al tercer semestre en el Bachillerato 2 de la Universidad de Colima, institución a la que había representado en diversas competencias deportivas nacionales como futbol femenil y atletismo.

El fallecimiento de Andrea, quien según las autoridades murió estrangulada, generó la indignación de diversos sectores de la población, lo que motivó en su momento una marcha silenciosa y una manifestación de protesta para exigir al gobierno estatal la detención y castigo de los responsables del crimen.

Al calor del crimen que, de acuerdo con la FGE, “cimbró a la sociedad colimense”, el entonces rector de la Universidad de Colima, Miguel Ángel Aguayo López, exigió públicamente el “esclarecimiento riguroso” y la estricta aplicación de la ley en ese caso.

A través de una carta publicada a finales de agosto de 2011, Aguayo afirmó que la atmósfera que genera la violencia y la inseguridad es resultado de la ausencia de políticas apropiadas para su combate.

“Se atacan las consecuencias de esta falta de políticas y no su origen”, advirtió el directivo universitario, a la vez que consideró que el Estado tiene “la obligación explícita de auspiciar la convivencia cívica en un marco de derecho y seguridad, por lo cual es impostergable una coordinación efectiva entre todos los protagonistas y factores involucrados”.

Aguayo López expresó su convencimiento de que ante la violencia no existe ni habrá una fórmula única aplicable a todos los casos, aunque manifestó que un factor que se debe tomar en cuenta es el fortalecimiento de los programas de promoción socioeconómica y de empleo entre la población denominada en riesgo, como jóvenes y sectores marginales.

Otro aspecto que debe atenderse, expuso el rector, es el jurídico-policial, que “va desde la profesionalización permanente de los cuerpos de seguridad, depuración de los mismos, hasta la acreditación de una legislación actualizada para que tengamos un marco legal pertinente que afronte la problemática”.

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