CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras darse a conocer que el ministro Javier Laynez Potisek fue detenido el sábado 9 mientras conducía un auto en Torreón, Coahuila, presuntamente por no aprobar una prueba de alcoholemia, el propio ministro negó que se le hubiera detenido en estado de ebriedad, y reveló que los policías involucrados le exigieron a su familia 6 mil 500 pesos por el pago de una presunta multa de la que no le dieron ningún comprobante o recibo.

A través de una carta que fue difundida en las cuentas institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro explicó que su detención se dio en condiciones irregulares y que jamás tuvo acceso a un médico legista para que se comprobara la acusación en su contra, es decir, que estaba conduciendo alcoholizado.

En su misiva, dirigida a la opinión pública, Laynez señaló que aun cuando no acostumbra “realizar aclaraciones o precisiones ante los medios de comunicación”, en esta ocasión prefirió responder “con franqueza, humildad y con absoluta verdad” a la publicación del medio Latinus sobre su detención, ocurrida el sábado 9, mientras conducía un vehículo modelo 2006 en Torreón, Coahuila.

Su primera aclaración es que jamás aceptará que conducía “en estado de ebriedad”, y advirtió que nunca se le dio la oportunidad de probar lo contrario, destacando que los policías municipales de Tránsito Municipal de Torreón que lo detuvieron no formaban parte de un retén o puesto de control para realizar pruebas de alcoholemia, es decir que no se le detuvo en un punto de los llamados alcoholímetros.

“Nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo. La detención que realizó el agente de la Policía Municipal de Torreón estuvo fuera de cualquier retén o protocolo de alcoholímetro”, puntualizó.

El jurista agregó que hasta el día siguiente de su detención se enteró que el motivo de la misma fue una supuesta infracción de tránsito por cambiar de carril de forma intempestiva, misma que también negó.

Javier Laynez también mencionó que otra irregularidad de la puesta a disposición de la que fue objeto es que jamás pudo hablar con un médico, juez o Ministerio Público para que pudiera acreditar que no estaba conduciendo en estado de ebriedad.

“A pesar de mi respetuosa y reiterada petición, a lo largo de todo este evento, nunca pude ver ni hablar con un médico, con una autoridad, con un juez, con un ministerio público ni mucho menos con un representante de derechos humanos”, lamentó.

Al continuar con su narración, reveló que, ya privado de su libertad por un presunto delito, policías municipales de Torreón solicitaron a su familia el pago de 6 mil 500 por concepto de una multa, pero no entregaron ningún comprobante de que dichos recursos ingresarán a las arcas de la Tesorería.

“Al día siguiente, siguiendo las instrucciones que les dieron, mis familiares realizaron el pago de $6,500 pesos (“únicamente en efectivo”). Y a pesar de la solicitud expresa, les negaron cualquier recibo o comprobante”, denunció.

El ministro dijo que no está en contra de los operativos que realizan las autoridades de todo el país para detener a personas que manejan alcoholizadas, evitando accidentes de tránsito, y que, por el contrario, está a favor de que esa conducta se sancione “con severidad”.

No obstante, advirtió que es necesario que estos operativos estén sujetos a estrictos estándares que eviten la corrupción policiaca y que garanticen el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, condenó que sus datos personales se hayan hecho públicos en flagrante violación a sus derechos humanos, destacando que no tiene nada que ocultar.

“A pesar de que en las publicaciones realizadas se dan a conocer todos mis datos personales en flagrante violación a la protección que la ley otorga a los mismos, he decido no presentar ninguna denuncia. No tengo absolutamente nada que ocultar ni de qué avergonzarme”, concluyó.