Puebla

Denuncian dilación en proceso contra Miguel López, defensor del río Metlapanapa

López Vega señaló que ve con tristeza que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de Miguel Barbosa en Puebla no le ponen atención a la contaminación de los ríos y a la defensa del territorio en contra de los megaproyectos. 
miércoles, 20 de octubre de 2021

PUEBLA, Pue. (apro).- A casi dos años de que diversas organizaciones lo declararon el primer preso político del gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla, el activista Miguel López Vega denunció que aún sigue sujeto a proceso y se recurre a tácticas dilatorias para evitar que su situación judicial quede resuelta.

En una manifestación frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, López Vega, detenido el 24 de enero de 2020, detalló que, si bien obtuvo su libertad el 29 del mismo mes, su expediente aún sigue abierto.

El vecino de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, continúa sujeto a proceso por el delito de ataque a las vías generales de comunicación, tras participar en las protestas para evitar la colocación de un drenaje que buscaba conducir las aguas residuales del Parque Industrial Textil hacia el río Metlapanapa.

“El discurso de (gobernador Miguel) Barbosa que dice que no va a haber presos políticos, que va a haber políticos presos, refiriéndose a la otra administración, lo cual vemos que no es cierto porque tenemos una libertad a medias, o sea, yo sigo siendo el primer preso político de la Cuarta Transformación, con una libertad a medias”, manifestó López Vega. 

El también defensor social Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos Morelos, Puebla, Tlaxcala, explicó que el juicio contra Miguel López se ha alargado a base de tácticas dilatorias que ahora se han quedado estancadas en la Unidad de Medidas Cautelares, instancia administrativa que no depende del Poder Judicial, sino del Ejecutivo.

Esa dependencia –apuntó-- tiene que emitir una evaluación, necesaria para que se otorgue la suspensión en el juicio de López Vega, pero aunque ya la han solicitado tres veces, en todas se las han negado con diferentes argumentos.

“La Unidad de Medidas Cautelares nos señaló que es una línea desde arriba que se tenía que negar. Que aunque lo presentemos mil veces, mil veces lo van a negar”, señaló Flores al referir que con esto se violan los derechos constitucionales de Miguel López a tener un juicio justo.

Además, indicó que las audiencias del juicio se han atrasado por diversas causas, como la ausencia del Ministerio Público o porque había indicios de covid-19 en uno de los representantes de la Fiscalía, lo que ha alargado una resolución.

“Ahora se ha citado para el 26 de octubre, que es la cuarta o quinta fecha que se fija para dictaminar, pero ya suponemos que se va a negar de nueva cuenta la suspensión”, agregó Flores. 

Recordó que en este caso se comprobó que las protestas de los pobladores de Santa María Zacatepec estaban sustentadas, pues el proyecto de drenaje hacia el río Metlapanapa no contaba con permisos, afectaba al medio ambiente y la comunidad no había sido consultada.

No obstante, resaltó que elementos de la policía estatal reprimieron a los pobladores el 30 de octubre de 2019 y se iniciaron procesos judiciales en contra de los participantes en el movimiento, que llevaron a la detención de Miguel López el 24 de enero de 2020.

El activista fue liberado cinco días después porque decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales, emitieron pronunciamientos en los que lo declaraban preso político y exigían su excarcelación. 

López Vega señaló que ve con tristeza que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de Miguel Barbosa en Puebla no le ponen atención a la contaminación de los ríos y a la defensa del territorio en contra de los megaproyectos. 

“Vemos que con estos gobiernos de la Cuarta Transformación es pan con lo mismo. Decía mi abuelita: es la misma burra nada más que revolcada. Vemos que no están poniendo atención a la defensa de la vida, de nuestro territorio, y que no nos queda otra más que hacerla nosotros, y cuando lo hacemos, cuando uno se organiza, hay este tipo de acusaciones”.

El activista explicó que estar aún sujeto a proceso implica gastos para su familia, pues cada 15 días se tiene que trasladar a la Casa de Justicia para firmar, además de la pérdida de tiempo y el desgaste emocional por no sentirse en libertad.

 

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