CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) celebró la resolución de un Tribunal Colegiado a favor de la liberación del defensor indígena Mariano Pérez Velasco, quien permaneció 17 años privado de libertad en un penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En ese contexto, el organismo se pronunció por “revisar de manera pronta, diligente” casos en los que personas indígenas se encuentran privadas de la libertad en las prisiones del país sin sentencia o de manera injusta, que se les haya vulnerado su debido proceso.

El 19 de octubre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en Chiapas concedió un amparo en contra de una resolución de segunda instancia que mantenía a Pérez Velasco en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de San Cristóbal, donde mantuvo una huelga de en marzo de 2019, junto con otras 13 personas más como una medida de protesta ante lo que consideraban “un encarcelamiento y sentencia injusta, así como haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención, incluso actos de tortura para obtener su confesión”, hechos a los que la CNDH dio seguimiento.

En un pronunciamiento el organismo recordó que Mariano Pérez, “fue detenido de manera ilegal con uso excesivo de la fuerza y, tras ser víctima de actos de tortura, fue obligado a confesar haber cometido el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio o secuestro por parte de policías judiciales pertenecientes a la entonces Procuraduría de Justicia de esa entidad”.

La CNDH relató que durante años Mariano Pérez permaneció en prisión sin que la parte acusadora se presentara, sin que  se le informara de audiencias judiciales y sin sentencia, aunado a  que sufrió disminución de la audición, como secuela de la tortura.

El organismo reconoció que el indígena estuvo acompañado de la organización civil Solidarios de la Voz del Amate, que había solicitado al gobernador de Chiapas y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la liberación de Mariano y de ocho personas más.

Para la CNDH la determinación del Tribunal Colegiado “advierte la necesidad de revisar de manera pronta, diligente y urgente todos aquellos casos sen los que las personas indígenas privadas de la libertad se encuentran internas en algún centro penitenciario del país en espera de sentencia, o bien sentenciados de manera injusta, a quienes se les han vulnerado sus garantías al debido proceso, a una defensa adecuada, a la libertad e integridad personal, a la seguridad jurídica y al acceso a la verdad y a la justicia”.

El organismo insistió en revisar esos casos en los que las diversas violaciones a derechos humanos estuvieron motivadas por “su origen étnico, por ser defensoras de defensoras de derechos humanos, por sus opiniones, sus creencias y sus costumbres en transversalidad con la criminalización del contexto de pobreza en que viven, lo que los lleva a acceder, como en este caso, a la justicia de manera  tardía, donde los estragos en su salud mental  y física ya han deteriorado su calidad y proyecto de vida para ellos y sus familias”.

La CNDH exhortó a revisar situaciones similares bajo “los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia conforme al principio por persona a fin de que los órganos jurisdiccionales emitan sus sentencias a partir de un enfoque diferencial, especializado e interseccional”.

La organización urgió a priorizar “aquellos casos en que las personas internas han alegado ser víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos durante y posterior a su detención, de no hacerlo, el Estado mexicano se convierte en cómplice de seguir alimentando el ciclo de impunidad que hasta la fecha no se logrado, erradicar, vulnerando a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en nuestro país”.