Coahuila

Denuncian desaparición de Unidad de Búsqueda de la Fiscalía de Coahuila

Los firmantes informaron que, en mayo pasado, sin mediar consultas con las familias de desaparecidos, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, decidió de “forma unilateral desaparecer la Unidad de Búsqueda por considerar que había una duplicidad de funciones con la Comisión de Búsqueda
viernes, 29 de octubre de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de la Unidad de Búsqueda de la Fiscalía General del estado de Coahuila, situación que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la entidad.

Al reprochar al TSJ su respaldo al fiscal, los familiares de personas desaparecidas puntualizaron que con ello “muestra que sigue ausente y apostándole a la impunidad, negándonos el acceso al amicus curiae; además de convertirse en cómplices de las autoridades corruptas, son verdugos de la justicia”.

En un comunicado, los firmantes informaron que, en mayo pasado, sin mediar consultas con las familias de desaparecidos, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, decidió de “forma unilateral desaparecer la Unidad de Búsqueda por considerar que había una duplicidad de funciones con la Comisión de Búsqueda de Personas”.

Los denunciantes recordaron que la Comisión de Búsqueda carece de funciones ministeriales, por lo que sin la Unidad “se verá obligada a coordinarse para las búsquedas con la Fiscalía especializada que, además de estar colapsada, no tiene facultades para solicitar directamente al juez de control diligencias básicas como la sábana de llamadas y la georreferenciación telefónica” para realizar las búsquedas. 

Consideraron que el razonamiento de Márquez Guevara “representa un deslinde de responsabilidades de la Fiscalía para buscar de forma inmediata a las personas, negando el derecho de toda persona a no ser desaparecida y a ser buscada”, en caso de desaparición, sin contar que la reforma se llevó a cabo sin la participación de las familias de las víctimas que se encuentran “en un proceso de diálogo y negociación desde hace 11 años para reformar la Fiscalía en su conjunto, acorde a lo que implica armonizar la Ley General en materia de desapariciones”.

Los denunciantes añadieron que, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Coahuila, los colectivos de familiares de desaparecidos presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Fiscalía, caso que fue asignado al magistrado Luis Efrén Ríos Vega, quien el 1 de septiembre invitó a enviar amicus curiae sobre el tema, fijando como plazo límite el 20 de septiembre.

En respuesta a esa convocatoria, “52 colectivos de familiares de Coahuila y de diversos estados de la República, cuatro organizaciones de la sociedad civil y 171 familiares de víctimas en lo individual y expertos en derechos humanos”, aportaron información sobre la forma de operar de la Fiscalía con la Unidad y la Fiscalía Especializada en Desapariciones; las dificultades de coordinación para las búsquedas de personas, y el error de desaparecer la Unidad “sin garantizar la operatividad de la búsqueda inmediata”, además de reclamar no haber sido consultados por la Fiscalía.

Pese al cúmulo de información de la sociedad civil, el pasado miércoles 27 el TSJ avaló la decisión del fiscal Márquez de desaparecer la Unidad de Búsqueda.

Para los denunciantes, “la eliminación de la Unidad de Búsqueda de la Fiscalía no es el fondo, sino la forma y pretexto para no hacer cambios profundos en la procuración de Justicia, mantener la postura de deslindarse de la responsabilidad de buscar la justicia y la verdad, lo cual pasa irrenunciablemente por localizar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas”.

La determinación del fiscal, recalcaron, “es una forma de mantener a los desaparecidos en una eterna desprotección para que no hablen, para que no señalen, para que no prueben la complicidad y la corrupción de las autoridades”.

Firmaron el pronunciamiento 39 colectivos de familiares de personas desaparecidas de Coahuila, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Baja California, Oaxaca, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán.

El documento fue respaldado por 139 familiares, cinco expertos y cinco organizaciones de la sociedad civil. 

 

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