Jalisco

Presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos denuncia amenazas de muerte

El presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González, presentó una denuncia por amenazas de muerte de parte de exdirectivos del ejido Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.
martes, 5 de octubre de 2021

COLIMA, Col. (apro).- El presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), Óscar González Garí, presentó una denuncia formal por amenazas de muerte de parte de exdirectivos del ejido Ayotitlán, ubicado en la Sierra de Manantlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco.

Con motivo de lo anterior, el activista levantó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que solicitó la intervención de la Coordinación del Mecanismo de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con González Garí, las amenazas fueron vertidas en la oficina del Comisariado Ejidal de Ayotitlán, Delegación Municipal del mismo nombre, por exdirectivos del ejido, en una reunión en la que los ejidatarios recibieron recursos provenientes de los “Contratos de Ocupación Temporal” establecidos con el Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, SA de CV, propiedad de las multinacionales “Ternium” (ítalo-argentina) y “Mital Steele Arcellor” (india).

Señaló que las amenazas provinieron del expresidente del comisariado ejidal de Ayotitlán, Juan Díaz Aguilar, y el abogado del ejido, Leonel Corona Contreras, quienes, en presencia de integrantes del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA), se expresaron en los siguientes términos:

“El licenciado Oscar González firmó el convenio que se llevó a cabo con la familia del líder nahua de El Mameycito, Aurelio Deniz Gerardo, fungiendo como asesor jurídico de esa familia que firmó el convenio. Ahora no entiendo el porqué de ese tipo de aseveraciones. Le vamos a dar una visitadita, ya lo verán, porque no es justo lo que está haciendo”.

El denunciante manifestó que en agosto de 2020 el líder indígena Aurelio Deniz Gerardo había sido “amenazado de muerte en una sala del Palacio Municipal de Cuautitlán, Jalisco”, en presencia de autoridades municipales, ejidales y directivos de la minera Peña Colorada, frente a elementos de la policía municipal.

Las amenazas, según denunció el dirigente de la RJDH, fueron proferidas en esa ocasión por el abogado Leonel Corona para obligar a Deniz a firmar un convenio y dejar sus parcelas de la comunidad El Mameycito, porque forman parte de la superficie arrendada por el ejido para que la minera deposite sus desechos industriales.

“A Leonel Corona, abogado del ejido Ayotitlán, yo no lo conozco, pues jamás hemos cruzado una palabra entre nosotros, por lo que me extrañan las amenazas de muerte que me hizo llegar a través de los ancianos del CAANTA. Él habla de mí como si fuéramos conocidos; pero no existe ningún nexo mío con él, por lo que me extraña su conducta delictiva y altanera. Es evidente que la ‘visitadita’ que ofreció hacerme en Guadalajara, conlleva una amenaza implícita”, indicó González Garí.

El presidente del organismo humanitario añadió que su papel en la Sierra de Manantlán ha sido “pacífico y pacificador, pues la gente que estuvo a punto de tomar las armas para ocupar tierras, al entregarles el símbolo de la Bandera Internacional de la Paz se desistió de su intento y se plegó a nuestras orientaciones para buscar la justicia y la dignidad humana a través de medios y remedios pacíficos y legales; el CAANTA es la mejor expresión de esa labor humanitaria y vivificante”.

Se mostró convencido de que las amenazas sufridas se derivan de su participación a través de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C. (RJDH), en el proceso de restauración de la ancestral comunidad indígena de Ayotitlán, que en 1691 fue reconocida por la Corona como República de Indios del Pueblo de Ayotitlán, Jurisdicción de Tuxcacuesco en la Provincia de Amula (Reino de la Nueva Galicia).

Óscar González narró que, en forma ordenada, pacífica y consensuada, a partir de octubre de 2016, el CAANTA ha pugnado por restaurar la comunidad indígena ancestral de la Sierra de Manantlán, sin debatir con las autoridades ejidales que, por estar estrechamente vinculadas a la empresa minera, se niegan al diálogo y tienen las manos amarradas para apoyar a la mayoría de los comuneros y una parte de ejidatarios nahuas partidarios de la reconstrucción comunitaria, agraria, ambiental y territorial.

“Los integrantes de la RJDH acudimos en septiembre de 2006 al llamado de las víctimas del centenario diferendo territorial de Jalisco con Colima, derivado de una Recomendación que nosotros obtuvimos en septiembre de 1995 de la CNDH (Núm. 122/95 sobre Ayotitlán), en la que pugnamos la Red y el ombudsman nacional por la entrega de la dotación complementaria del ejido (15 mil hectáreas de las 50,332-50-00 has)”.

El activista refirió que las víctimas del diferendo territorial constituyeron el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, pero “las actuales autoridades ejidales que encabeza el señor Roberto Cobián han olvidado la lucha de la Red y el Frente por aportarle al ejido la dotación completa; sólo pelean por repartirse los 17 millones que cada año Peña Colorada les entrega como producto de leoninos contratos de ocupación temporal, el último por 801 hectáreas en la Cuenca del Marabasco”.

Denunció que, al no consultar a los comuneros, las autoridades ejidales han incurrido en reiteradas violaciones a los Derechos Humanos colectivos de las comunidades nahuas Las Pesadas, La Astilla, Platanar, Plan de Méndez, Changavilán, San Antonio y El Mameycito.

“El derecho a la consulta libre, previa e informada ha sido pasado por alto una y otra vez, para imponer a los comuneros los acuerdos entre la industria minera y el ejido, por lo que las comunidades sufren constantes visitas de drones, policías de Colima con perros amaestrados para agredir, y la imposición de tiraderos de desechos de material ‘estéril’ (altamente tóxico) de la segunda mina más grande del país en la producción de hierro”.

Aunado a lo anterior, señaló el presidente de la RJDH, “tengo encima una amenaza de muerte del comisariado ejidal anterior, que está coludido con los intereses mineros con el actual, para eliminarme mediante una ‘visitadita’ que han anunciado me harán a Guadalajara. Las amenazas fraguadas en la Casa Ejidal, antes de ser contra mi persona, fueron contra tres integrantes del CAANTA: Santiago Flores Ciprián (presidente), Espiridión González (secretario) y Fermín Flores Elías (vicepresidente)”.

Concluyó: “La Red defiende ahora el derecho que me asiste para defender derechos humanos en cualquier parte del estado de Jalisco, incluidos los 406.8 kilómetros cuadrados que Colima le ha quitado a la comunidad indígena de Ayotitlán, apoderándose de bienes ajenos para lucrar --sin su consentimiento-- con sus minerales. Tarde o temprano Colima tendrá que disculparse de sus fechorías a los nahuas jaliscienses, y devolver el territorio que usurpa desde 1920 hasta hoy.”

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