TULA, Hgo. (apro).– Pobladores de Tula consideran que las autoridades los trataron como ciudadanos de segunda categoría, al decidir expulsar aguas negras y descargas pluviales hacia el río Tula para evitar la inundación de la Ciudad de México y municipios circunvecinos, lo cual ocasionó la anegación de este municipio la noche del 6 y madrugada del 7 de septiembre.

Aquellas horas, 14 pacientes murieron por falta de suministro de oxígeno tras una falla eléctrica, hubo pérdidas de patrimonio y el colapso económico de la ciudad ante el cierre de comercios que eran una de las principales fuentes de empleo.  

Tras conocer el documento interno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que difundió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo acontecido en Tula, el cual refiere que el desbordamiento de los ríos que derivó en la inundación no fue causado por lluvias atípicas, sino por las emisiones enviadas desde la capital del país, habitantes que perdieron su patrimonio pidieron que el gobierno se responsabilice de la tragedia y emprenda un plan de reconstrucción. 

“Nos hicieron sentir ciudadanos de segunda clase, al decidir inundarnos a nosotros en vez de a la Ciudad de México y al Estado de México, y luego en tardar a empezar a asumir responsabilidades y darnos certeza de que esto no volvería a ocurrir”, comentó Alberto Chávez Neri, que perdió dos negocios en la zona centro: un restaurante que abrió su familia hace seis años y un negocio de uniformes que han tenido desde hace 22 años. 

“El informe de la Conagua solamente corrobora lo que pensábamos y ya se manejaba entre la población en Tula. Lo ocurrido no se debió a un fenómeno natural, sino a una concatenación de hechos de tiempo atrás. Que, obviamente, tiene como gota que derramó el vaso, las lluvias fuertes, pero que inició cuando Conagua dejó de hacer las obras que debió hacer hace tiempo”, mencionó Chávez, quien consideró que a los habitantes de Tula, al no alertarlos sobre la decisión de enviar aguas negras a esta región, lo cual rebasó el afluente del río, “nos abandonaron a nuestra suerte, incluso cuando sabían que lo ocurrido podría suceder. Para mí, eso es negligencia”. 

Animal Político publicó que la administración de López Obrador reconoció que uno de los factores de la anegación fue que no se llevaron a cabo las obras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó efectuar en el río Tula desde 2017 para ampliar su capacidad de carga previo a la entrada en operación del Túnel Emisor Oriente (TEO). 

“Era algo que ya sabíamos, aunque solamente de manera intuitiva –señaló Chávez Neri a Proceso–, porque hace tres años, un día amanecimos con la noticia de que Conagua quería talar nueve mil árboles de la rivera del Río Tula. En esa ocasión se dijo que era para ampliar el cauce del río, para que pudiera captar al agua del TEO, que entraría en operación en poco tiempo”. 

Recordó que la mayoría de la población se opuso y se logró que se suspendiera la obra como la proponía la Conagua en el gobierno de Peña Nieto. “Solamente la colonia 16 de enero, porque el delegado de esa colonia lo permitió, revistió y amplió el cauce y, de hecho, fue de las colonias más afectadas por la inundación”, precisó. 

La actual administración federal reconoció este factor y responsabilizó a grupos de ambientalistas por no haber permitido la realización de las obras. 

“En 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno, se puso en marcha el TEO, pero nunca se terminó la obra en Tula, pues no fueron capaces de llegar a acuerdos con la población y no presentaron un proyecto que no implicara la tala de tantos árboles, así que nos dejaron así, a pesar de que la dependencia federal sabía que al poner en operación el nuevo Túnel, más agua iba a llegar a Tula”, expuso Alberto Chávez. 

Para él y otros habitantes de Tula, que comienzan a agruparse en colectivos para pedir respuestas y la reconstrucción de la ciudad a dos meses de la tragedia, “era obvio que en caso de fuertes lluvias, como sucedió, el río no tendría la capacidad de contener el excedente de agua. 

“Era una tragedia anunciada, por eso, cuando ocurrió lo del 6 y 7 de septiembre, publiqué en mi cuenta de Facebook si Conagua se haría responsable de nuestras pérdidas, pero solamente recibí ataques de perfiles falsos”.

El apoyo de 10 mil pesos

A más de 60 días, los apoyos no han llegado. El municipio se resiste al colapso gracias al apoyo de sociedad civil.  

María Teresa Pérez Melgarejo, de 45 años, cuya casa en Leandro Valle 32 quedó inundada, afirmó que sólo les otorgaron una orden de pago un día antes de la visita del presidente López Obrador a Tula, el pasado fin de semana. 

“Mi casa quedó tapada totalmente el primero piso. Me tuve que salir con mis tías, ellas son de la tercera edad. Subía y subía el agua, hasta como a las cinco de la mañana (del 7 de septiembre) dejó de subir y empezó a bajar poco a poco. Es una pesadilla, algo que nunca pensé vivir.  

“Únicamente hemos recibido el apoyo de diez mil pesos, de gobierno federal, que es algo que no repara el daño de lo que perdimos, que fue todo lo de tantos años de mi papá. Una respuesta a lo que vendrá más adelante ningún gobierno ha dicho qué pasará”, criticó. 

Los pobladores, añadió, “estamos arreglando nuestras casas por nuestra cuenta y estamos con la zozobra de qué pasará el año que viene con su porquería de aguas”. 

Sobre la decisión de Conagua de abrir las compuertas para que no se inundara la Ciudad de México y el Estado de México, dijo: “No se vale lo que hicieron. Vamos a tardar mucho en recuperarnos”. 

Alberto Chávez, de 40 años, agregó: “He oído a gente grande decir que no les alcanzará la vida para levantarse otra vez”, porque el patrimonio que perdieron era hasta cinco décadas de trabajo y, en ocasiones, el esfuerzo de dos a tres generaciones. 

Además del dinero del gobierno federal, coincidieron en que no hay más apoyos.  

“Sí han entregado a algunas personas un apoyo municipal de mil 200 pesos, pero no a todos. Nos dijeron que van por calles. A la nuestra no le ha llegado nada, que es la calle Zaragoza, otrora la más comercial del centro de Tula, junto con Leandro Valle y Melchor Ocampo”. 

“El IMSS ya destinó una bolsa de 35 millones de pesos para indemnizar a los familiares de las personas que fallecieron en el Hospital No. 5. ¿Cuándo vendrá Conagua a decirnos cuándo y cuánto asignará a resarcir los daños que causó su negligencia?”, cuestionó Chávez Neri.

Una pobladora que pidió mantener su identidad en reserva contó que pensaban que les darían 35 mil pesos, como a las víctimas del huracán Grace en Veracruz, “con la diferencia de que allá fue agua limpia. Nos dieron diez mil. Ya ni siquiera nos pudimos enojar, créeme. Estamos ya sin fuerzas para pelear”. 

Mencionó que, tras la visita del presidente, les informaron que posiblemente los apoyarán con electrodomésticos dentro de tres meses.  

“¿Creen que vamos a poder esperar? La gente está endeudadísima porque una estufa y un refrigerador, por ejemplo, son muy necesarios. No podemos esperar medio año para ver si al señor presidente se le ocurre enviar algún apoyo”, recriminó.  

También les comentaron que el Ejército puede apoyarlos a reparar sus viviendas, pero los interlocutores del gobierno acotaron que sólo “a quien realmente lo necesite”, lo cual ocasionó la molestia de los damnificados. 

“¿Cómo se atreven? De verdad esto es increíble. Muchos ya pintamos y tratamos de reparar nuestras casas. La pintura se botó, las paredes ya no sirven. Ya no tenemos jardines y de árboles frutales, ni hablar. Se acabó todo.  

“La entrada a Tula parece pueblo fantasma. Los robos se han incrementado y es lógico. La gente no tiene trabajo y roba. Esto es una verdadera pesadilla. De verdad no sabemos qué más hacer”, lamentó.   

El informe de la Conagua

El informe interno de la Conagua señala: “Las lluvias no fueron las causantes del desbordamiento, sino los escurrimientos de los ríos, presas y las obras de desagües del Valle de México y del estado de Hidalgo, lo que provocó la inundación”.  

Desde el 7 de septiembre, la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alejandra Méndez Girón, afirmó que no se trató de lluvias atípicas o de fenómeno que no pudiera preverse, sino parte de un temporal del que las autoridades, en sus tres niveles tienen conocimiento. 

No obstante, al exculpar a funcionarios por las decisiones de no inundar la Ciudad de México y enviar las descargas al Río Tula, la Conagua planteó que la tragedia por los decesos y las pérdidas de patrimonio se debió a “hechos inesperados, extraordinarios, inevitables e incontrolables”.