CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin exponer las razones por las que inició los procesos penal y administrativo contra el defensor José Martínez Cruz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desmintió que estén relacionadas con “el ejercicio de la libertad de expresión”, como se señaló en un pronunciamiento firmado por cinco organizaciones civiles divulgado en la víspera.

En un comunicado, el organismo sostuvo que, como director de la Primera Visitaduría, cargo en el que Martínez Cruz estuvo entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, al defensor se le atribuyen conductas contrarias a los códigos de ética y de conducta de la CNDH que son “sancionables por la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

Según el organismo en el comunicado emitido por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, se hizo “eco de falsedades” sobre el trabajo de la institución entre ellas que hay una “falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos”.

El organismo afirmó que “investiga con toda imparcialidad y seriedad las violaciones a derechos humanos cometidas por cualquier autoridad, como nunca antes se había hecho, sin distinción alguna”.

De una revisión de las recomendaciones emitidas por la CNDH desde que tomó posesión la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, hasta el día de hoy, se desprende que ha dirigido siete resoluciones a la Secretaría  de la Defensa Nacional (Sedena), ninguna de ellas relacionadas con hechos que implican la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De esas recomendaciones, tres son por violaciones graves, una por desaparición forzada ocurrida en 2017; y dos por detenciones arbitrarias y torturas, ocurridas en 2009 y 2010.

Las cuatro restantes, son recomendaciones particulares, una por detención arbitraria y tortura, ocurrida en 2017, otra por privación de la vida de nueve personas en 2016, y dos más por violaciones al derecho a la salud de mujeres en prisiones militares y en un hospital militar.

Al indicar que “las conductas ilícitas de las personas servidoras públicas deben ser motivo de investigación y sanción, para evitar impunidad”, el organismo en su comunicado continuó sin especificar cuáles fueron los motivos por los que el defensor de derechos humanos, José Martínez Cruz, está siendo procesado.

“Independientemente de las posibles infracciones en que incurrió el funcionario, mismas que se dirimirán en los tribunales, su conducta constituyó un proceder alejado de la ética pública y, por ende, de los estándares de derechos humanos que, quienes integramos esta institución, cuya misión es la defensa de los mismos, estamos llamados a respetar más que ninguna otra”, señaló.

La CNDH concluyó que “ha actuado en total apego a la legalidad, preservando los intereses de la institución y su compromiso con las víctimas. En la observancia y aplicación de la ley, igual que en la observancia y el respeto a los derechos humanos, no hay excesos posibles”.