SIPINNA

ONG rechazan pretensión del gobierno federal de desmantelar el Sipinna

Esa acción, subrayaron, representa "uno de los más graves retrocesos en materia de garantía y respeto a los derechos conquistados por las infancias en México".
viernes, 19 de noviembre de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de un centenar de organizaciones no gubernamentales (ONG), algunas de las cuales integran la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), rechazaron la pretensión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de desmantelar el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Esa acción, subrayaron, representa “uno de los más graves retrocesos en materia de garantía y respeto a los derechos conquistados por las infancias en México”.

En un pronunciamiento --firmado por 127 organizaciones sociales y 107 expertos-- recordaron que la creación del Sipinna responde a recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, así como a la Constitución, que en su artículo cuarto establece la obligación de todas las autoridades del Estado a garantizar el interés superior de la niñez en todas las políticas públicas.

“Queremos recordarle al Estado y a sus autoridades que tienen la obligación de velar por el cumplimiento del principio de progresividad y no regresividad de derechos, establecidos en el artículo primero constitucional”, apuntaron los firmantes.

Indicaron que la intención de desaparecer el Sipinna se plasma en dos iniciativas de reformas legislativas, la Ley General de los Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

A través de los anteproyectos, enviados a la Comisión de Mejora Regulatoria del Ejecutivo para ser estudiados, se pretende “desarticular la capacidad del Sipinna y trasladar sus funciones, previsiblemente, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El Sipinna, subrayaron, “es la instancia encargada de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, así como de coordinar las acciones de la política pública nacional encaminadas a la garantía, protección, promoción y respeto de sus derechos”, siendo concebido como “el mecanismo eficaz para incorporar el pleno derecho” de las infancias en la acción del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, “en la perspectiva contraria a la idea de que una sola institución basta para hacerse cargo de un tercio de la población”.

Destacaron que, además de incumplir con lineamientos internacionales y constitucionales, “el planteamiento de la reciente iniciativa propone que la Secretaría Ejecutiva sea absorbida por una institución de carácter asistencial, el Sistema Nacional DIF, que depende de la Secretaría de Salud y que carece de las capacidades operativas, técnicas y de enfoque de derechos para asegurar cumplir con las funciones del actual Sipinna”.

Para las organizaciones, “desconfigurar el Sipinna como sistema rector de la política de infancia es retroceder al menos 30 años que han sido conquistados a favor de la niñez y la adolescencia en México, pues minimiza las acciones encaminadas a la protección integral” de esa población, “al cambiar la naturaleza de la coordinación de éste y acabar con la capacidad operativa del órgano encargado de su coordinación, dejando su labor a una institución cuya labor e importancia es específica, pero no está diseñada ni tiene la capacidad para cumplir con ella bajo el estándar indicado por la propia Convención de Derechos del Niño”.

Tras recordar que Sipinna ha sido reconocido por distintas instancias internacionales, las organizaciones que forman parte de la Redim apuntaron que entre los logros del organismo están “la conformación de comisiones específicas para la emisión y articulación de políticas públicas integrales en diferentes ámbitos para brindar Atención a la Primera Infancia mediante una Estrategia Nacional (ENAPI)”, así como la aprobación de la ruta de protección para menores en situación de migración, lo cual “fue clave para visibilizar y coordinar la acción pública hacia esa población”,

Asimismo, “coordinó e implementó el Plan Nacional Global para Poner Fin a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, con la participación de 26 dependencias de la administración pública federal, 22 organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con acciones concretas para prevenir y atender la violencia, contribuyendo a un abordaje integral e intersectorial en prevención y atención de la violencia”, en tanto que en 2020 elaboró el Protocolo Nacional de Coordinación Institucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, con el propósito de definir los pasos que deben realizar las autoridades para su protección, desde el momento en que se conoce un hecho de violencia hasta el cierre del caso”.

A la lista de acciones realizadas por el Sipinna el año pasado, resalta la consulta a menores para “para dar respuesta a las observaciones de Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, siendo la única consulta que se ha hecho de este tipo en el país”, recalcaron.

“Ha logrado, de igual manera, generar y articular mecanismos entre instituciones públicas y privadas del país, fortaleciendo el vínculo entre éstos, entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, a partir de agendas de trabajo en torno a derechos, grupos poblaciones o situaciones de vulnerabilidad específicas como embarazo adolescente, matrimonio infantil, prevención de violencia, primera infancia, entre otras”.

Luego de destacar los logros del Sipinna, ejecutados a través de su Secretaría Ejecutiva, las organizaciones urgieron a que ésta sea fortalecida y que se mantenga “tanto orgánicamente, como una Unidad, y con respeto a la plantilla de personal que se ha especializado en la materia”.

Insistieron que “la garantía de los derechos de las infancias requiere que se respeten las atribuciones esenciales para continuar con la operación de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, como la coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales, y el apoyo a entidades federativas para cumplir con las obligaciones que les mandata la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el impulso de los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, entre otros.

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