TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis (apro).- La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) pidió al Senado de la República que no sea aprobada la iniciativa de la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló que es necesario que se abra al análisis, el debate y la discusión en el marco de un parlamento abierto.

La Federación que agremia a los 32 organismos públicos locales defensores de derechos humanos en cada una de las entidades del país se pronunció contra la aprobación de la citada ley y se sumó al planteamiento realizado por el Sistema Nacional de Búsqueda y diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familias que han llamado al senado a abrir la discusión pública por medio de un parlamento abierto.

Expuso que la realización de un ejercicio de parlamento abierto es un principio básico de todo Estado de derecho, y particularmente de la promoción y respeto a la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Y que con ello se promueve la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; se utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de su trabajo por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por las contralorías internas y otros organismos constituidos para ello.

Para la Federación, dijeron, es importante fortalecer las prácticas de parlamento abierto, con mayor participación ciudadana en la elaboración y reforma de leyes, pues fue uno de los compromisos asumidos por esta legislatura, como parte de la transformación política y social que se busca en México.

Señalaron que este ejercicio debe ser una tarea diaria y, dada la relevancia de la iniciativa por la cual se expide la nueva ley de la FGR, al igual que los impactos que representa para la garantía de los derechos humanos en la nación.

“La FMOPDH reitera la petición de instituciones, organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues una iniciativa de ley, así como las reformas que la acompañan, requiere de un amplio consenso no sólo de los actores políticos, sino de la escucha, en un parlamento abierto, de las víctimas, especialistas, academia, grupos sociales, y a toda aquella persona que lucha todos los días por la garantía y respeto de sus derechos humanos y los de sus familiares”, indicaron.