CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No los hagan candidatos”, decía el cartel que mostró la senadora panista Xóchitl Gálvez al pronunciarse a favor del dictamen para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se manifestó “en contra de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres”.

Gálvez fue la única de los 98 senadores y senadoras que votaron en la sesión de este martes, en mostrar su posición en torno a las acusaciones por violencia sexual que enfrenta el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Y el morenista Germán Martínez expresó al emitir su voto a favor: "Abajo el patriarcado agresor de todos los partidos".

Sin embargo, fue unánime el respaldo al dictamen para fortalecer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el que las órdenes de protección serán medidas cautelares de “urgente aplicación” para personas que han sido violentadas o se encuentren en riesgo.

El dictamen, planteado por la Cámara de Diputados, señala que las autoridades administrativas, el Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales deberán aplicar las órdenes de protección de manera inmediata, en un lapso no mayor a cuatro horas, a partir de que se tenga conocimiento de presuntos actos de violencia. Además, se otorgarán durante 60 días y se podrán ampliar 30 días más.

La senadora Malú Micher, de Morena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, celebró esa actualización a la Ley, aprobada hace 14 años, para dar protección por parte del Estado a miles de mujeres y niñas víctimas de violencia.

Recordó casos recientes como el de Abril Pérez Sagaón y Emma Gabriela Molina Canto, quienes fueron víctimas de feminicidio, pese a que contaban con órdenes de protección bajo el marco legal actual.

“Estoy segura que si las órdenes de protección no hubiesen fallado en proteger a Abril y a Gaby, hoy estarían alzando la voz y estarían vivas", dijo la senadora.

Las órdenes de protección tendrán que garantizar la custodia de la persona y su domicilio, y proporcionar refugios temporales seguros y dignos, tanto para las mujeres y niñas violentadas como para sus familiares o dependientes, así como apoyos económicos.