GINEBRA (apro).- La violencia contra la mujer está arraigada en sistemas patriarcales, lo que se ha exacerbado con la pandemia, reconoció la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado.

Asimismo, en el foro de Derechos Humanos de Naciones Unidas la funcionaria mexicana presumió “la política exterior feminista” que abandera el gobierno de la 4T.

“La pandemia ha exacerbado formas de violencia y discriminación preexistentes, las cuales siguen estando arraigadas en sistemas patriarcales del ámbito político, económico y social, por eso México adoptó hace un año una política exterior feminista’’, dijo Delgado al participar en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos, que este lunes inició su sesión de manera virtual.

En una sala vacía del emblemático Consejo que vela por el goce de derechos humanos en el mundo, Delgado consideró que la “única respuesta efectiva a la pandemia es la que tenga una perspectiva de género, que entienda y responda a la manera diferenciada en que la crisis sanitaria ha afectado a las mujeres y las niñas”.

Con esto, añadió, la Cancillería “pone a la vanguardia este tema y somos el primer país del ‘Global South’' en hacerlo, lo que persigue un doble objetivo: que la perspectiva de género sea central en la política exterior y con ello comenzar el proceso progresivo para su verdadera adopción en sus decisiones públicas dentro del país, y reconocer que el aporte de las mujeres en la política exterior de México es muy importante".

Sin dar detalles sobre la violencia contra la mujer en el interior del país, ni cuántas mujeres en México sufren por ese flagelo, Delgado abundó: "La labor de México en este Consejo ha sido vital para impulsar cambios que contribuyen a la transformación de la sociedad mexicana que se han exigido en las urnas para hacer efectivos todos los derechos humanos para todas y todos".

Destacó que en 2020 México presentó tres informes ante órganos de tratados y señaló que se mantuvo un "diálogo fluido" con los procedimientos especiales para atender comunicaciones y programar visitas que estaban acordadas previamente.

De igual forma, resaltó la adhesión a cinco importantes instrumentos en materia de derechos humanos, entre los que mencionó la ratificación del Acuerdo de Escazú y el reconocimiento a la Competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas para conocer casos individuales, “siendo congruentes con la política de apertura y de apoyo al escrutinio internacional”.

Luego reiteró su compromiso con la protección de defensores de derechos humanos y con el acceso de las víctimas a la justicia.

En la lista de oradores figuraba el canciller Marcelo Ebrard, y no se explicó el cambio de representante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Destacó en la sesión la intervención del secretario general de la ONU, António Guterres; la Alta Comisionada Michelle Bachelet; algunos presidentes como Iván Duque, de Colombia, así como ministros de exteriores de más de un centenar de países que intervendrán en la sesión de alto nivel que tiene lugar del 22 al 25 de febrero, entre ellos de la Unión Europea, China, Costa Rica, Brasil, Chile y Argentina.

Es muy esperada la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, lo que marca el retorno de ese país al foro de Derechos Humanos de la ONU, luego de la salida del gobierno anterior de Donald Trump. Asimismo, la participación del canciller ruso Sergey Lavrov, tras la ola de protestas en su país por la detención del líder opositor Alexey Navalny.

El presidente de Colombia dijo que la comunidad internacional “no puede ser indiferente ante los crímenes atroces" cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, "que atañen no sólo a sus víctimas sino a toda la humanidad", y recordó el informe de 443 páginas publicado por la oficina de Bachelet en septiembre de 2020, en el que se acusa a los altos mandos de Venezuela de perpetrar crímenes de lesa humanidad.

El informe, recordó Duque, confirmó "el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias o las ejecuciones extrajudiciales".

"Confiamos en que la misión permitirá restablecer las responsabilidades que corresponda", señaló Duque, quien aseguró que Colombia "ha apoyado con fraternidad y solidaridad a los cerca de dos millones de migrantes venezolanos que están en nuestro país huyendo de la tragedia causada por la dictadura de Maduro".

Al tomar la palabra, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó hablar del informe y achacó la situación humanitaria en el país a las "medidas coercitivas unilaterales" impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que ascienden a 30 mil millones de dólares de activos.

Maduro denunció que las sanciones económicas se han incrementado y eso es lo que ha provocado un éxodo de más de 5 millones de personas en los últimos años.

Por su parte, el secretario general de la ONU condenó el golpe militar en Myanmar, llamó a restablecer el orden democrático y pidió "intensificar la lucha contra el resurgimiento del neonazismo, de la supremacía blanca y del terrorismo racial y étnico", y llevar a cabo una acción concertada a escala mundial para poner fin a esta "amenaza grave y creciente".

Más que una amenaza terrorista interna, se está "convirtiendo en una amenaza transnacional", remarcó Guterres.

Al referirse al impacto de la pandemia en los Derechos Humanos, Guterres afirmó que con el covid-19 como pretexto, "las autoridades de algunos países han tomado duras medidas de seguridad y adoptado fuertes medidas para reprimir a las voces disonantes, abolir la mayoría de las libertades fundamentales, silenciar a los medios independientes y obstaculizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales".

Añadió: "Defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, activistas e incluso profesionales de la salud han sido objeto de detenciones, procesamientos e intimidaciones y vigilancia por criticar las medidas --o falta de medidas-- tomadas para enfrentar la pandemia".

Además, apuntó, "el acceso a informaciones vitales en ocasiones se ha visto obstaculizado, mientras que la desinformación mortal se ha amplificado, incluso por algunos líderes".

De igual forma, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció las restricciones ilegítimas a las libertades públicas y el uso excesivo de poderes de emergencia en el contexto de la pandemia.

"El uso de la fuerza no terminará con esta pandemia. Enviar a los críticos a prisión no terminará con esta pandemia", recalcó.

Llamó la atención que ni Guterres ni Bachelet nombraran a países o gobernantes a los que se refirieron en sus denuncias, a excepción de la grave preocupación expresada por el golpe militar y la represión en Myanmar.