CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un plan del gobierno central y dos órganos con autonomía, se propone destinar los recursos decomisados por actividades criminales al otorgamiento de créditos de vivienda para 45 mil trabajadores de bajos ingresos.

Dicho plan parte de un estudio sobre el destino final de los fondos obtenidos del aseguramiento de bienes, e incluye a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) por el desarrollo del esquema; a la Fiscalía General de la República, responsable de conducir los procesos de extinción de dominio, y al llamado Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, que recibe los fondos y al Infonavit que debe implementar el plan de créditos.

Hoy, durante la conferencia de prensa presidencial, el plan fue explicado por la titular de la SSP, Rosa Icela Rodríguez, quien expuso que el objetivo es que los recursos decomisados al crimen organizado y por actos de corrupción, sean en parte transferidos para la adquisición de vivienda.

El Infonavit deberá consultar y recibir autorización de su cosnejo de administración, integrado mediante la representación tripartita de los sectores público, social y privado.

Además, la funcionaria destacó que el próximo 16 de abril entrará en vigor la nueva Ley del Infonavit, que será el marco jurídico sobre el que se implementará el plan.