CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció este miércoles la suspensión de ocho agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Nuevo León, quienes en fechas recientes liberaron la camioneta Toyota en la que fueron hallados los cadáveres de algunos de los migrantes masacradas el pasado 22 de enero en el ejido de Santa Anita, perteneciente al municipio de Camargo, Tamaulipas.

El INM había confiscado la unidad en diciembre pasado, durante un operativo de “identificación” de migrantes en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Apenas un mes después, la camioneta fue hallada calcinada con una decena de cuerpos –también calcinados--, a pesar de que supuestamente seguía bajo custodia del INM.

Según la Segob, el INM –encabezado por Francisco Garduño Yáñez y operado en gran parte por militares-- dio vistas al Órgano Interno de Control (OIC) e interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para “efectos legales a los que haya lugar” respecto a la camioneta.

La participación indirecta de agentes del INM en este terrible evento se suma a que los presuntos perpetradores de la masacre fueron, también, agentes del Estado: según la fiscalía tamaulipeca, los verdugos de las personas migrantes eran miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la policía estatal, quienes después de perpetrar la masacre quitaron los casquillos y municiones de la escena del crimen y arrojaron las camionetas en la frontera de Tamaulipas y Nuevo León.

Hasta el momento, la versión de los hechos sugiere que los migrantes se encontraban en una casa de seguridad, bajo la custodia de un grupo criminal que opera en Tamaulipas, cuando los policías –a las órdenes de otro grupo criminal-- los masacraron, en un contexto de lucha sangrienta entre bandas armadas rivales por el negocio multimillonario del tráfico de personas.