CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se comprometió a entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) información sobre operaciones de riesgo, relevantes, inusuales y/o “preocupantes” de partidos, candidatos y personas físicas o morales relacionadas con ellos, así como sus datos fiscales, bancarios e incluso sus vuelos nacionales o internacionales.

Esa información será compartida para reforzar la fiscalización del proceso electoral, según se comprometieron hoy la UIF y el INE al firmar dos anexos técnicos adicionales al convenio de colaboración suscrito en 2019.

En evento virtual, ambas instancias garantizaron que la fiscalización será neutral y aplicará a todos los partidos y candidatos, además de que se conservará la confidencialidad de los datos.

De acuerdo con el anexo uno, relativo a la fiscalización e intercambio de información para los modelos de riesgo, el INE deberá remitir a la UIF el padrón de sujetos obligados y terceros relacionados (precandidatos, candidatos, dirigentes) y de las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas con sus operaciones económicas y financieras.

Además de las revisiones comunes, el Instituto podrá realizar peticiones concretas, por ejemplo, verificar el origen de ciertos recursos, o rastrear operaciones con empresas, recepción o destino de transferencias o depósitos de personas físicas o morales.

La UIF entregará 15 días después de la recepción, y en algunos casos con prórroga de cinco a 10 días adicionales, datos sobre “1. detalle de las operaciones que efectúen las personas físicas y morales catalogadas de riesgo, 2. detalle de los depósitos y retiros localizados en los reportes de operaciones relevantes, y 3 detalle de operaciones inusuales”.

Además, se informará sobre la detección de operaciones “preocupantes”, transferencias internacionales, contraprestaciones o donativos, avisos de actividades vulnerables localizadas, importaciones y exportaciones, listado de empresas donde se localice como socio o accionista, informe mensual de vuelos nacionales e internacionales, declaraciones anuales de Impuesto Sobre la Renta (ISR), informe anual de retenciones de y a terceros, nombres adicionales que muestren coincidencia de domicilios, números telefónicos y correos electrónicos”, entre otras.

El anexo dos será para la aplicación de sanciones, y consistirá en el intercambio de información sobre datos de personas físicas y morales que serán sancionadas con el fin de determinar sus condiciones de pago de multas por infracciones político-electorales.

En el evento, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, expuso que “los riesgos del sistema electoral van más allá del sistema electoral: existe un riesgo, sí, de delincuencia organizada introduciendo recursos ilícitos en campañas, particularmente en campañas locales”.

También lo hay de acciones de peculado electoral y condicionamiento de programas sociales, “y riesgo de que empresas fachada sean utilizadas para sustraer recursos del erario para después introducirlos en campañas, como fueron la Operación Zafiro o peculado ordinario como Odebrecht”.

Sin embargo, Nieto aseguró que en un reciente diagnóstico de evaluación nacional de riesgo se discutió si había un riesgo real en las elecciones. “La respuesta es que no existe un riesgo que afecte el sistema financiero”, porque existen autoridades, procedimientos de fiscalización, y relación entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF.

Asimismo, reconoció que hay elementos para mejorar, como los modelos de riesgo que son neutrales, pues se pueden hacer detecciones mediante un algoritmo matemático que arroje información de bases de datos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, planteó que en el organismo “no nos interesa ahogar con sanciones a quienes compiten por los poderes públicos”, sino que se busca transparencia en el ejercicio de los recursos y equidad en la contienda.

Por eso pidió avanzar más en el efecto disuatorio, pero de no ocurrir se sancionará “con rigor y equidistancia a cualquier fuerza política”.

El fin es demostrar que “la democracia mexicana no quiere ni trampas ni opacidad en la búsqueda del poder político”, apuntó.