Alfonso Durazo

Denuncian a Alfonso Durazo ante la FGR por omisiones en el caso LeBarón

Bryan LeBarón denunció ante la FGR a Alfonso Durazo, candidato al gobierno de Sonora, por omisiones en el caso de la masacre de nueve integrantes de su familia en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019.
jueves, 11 de marzo de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La familia LeBarón denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Alfonso Durazo Montaño por el delito de omisión en el caso de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019, al considerar que como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se le notificó del riesgo que existía en la zona y no hizo nada.

En representación de la familia, Bryan LeBarón acudió a la FGR para presentar la denuncia contra el actual candidato de Morena al gobierno de Sonora.

También denunció a José David Anaya Coolley, titular de la Secretaría de Seguridad en esa entidad, por el mismo delito de omisión tras la masacre perpetrada el 4 de noviembre de 2019, en la que perdieron la vida tres mujeres y seis niños.

De acuerdo con la familia, los asesinatos podrían haberse evitado porque en reiteradas ocasiones Julián LeBaron denunció en medios locales que los grupos armados extorsionaban a quienes transitaban por el camino y ya se habían reportado diversas desapariciones.

Bryan LeBarón expuso ante la FGR que de junio a agosto de 2019 hubo por lo menos tres desapariciones y se localizaron dos fosas clandestinas, además de las extorsiones que se realizaron.

De igual manera, recordó que en agosto de 2019 Julián LeBarón se reunió con el coordinador estatal de la Policía Federal para solicitar seguridad en los caminos de Janos-Agua Prieta, rumbo a Pancho Villa, San Miguel, Baserac, pero no pasó nada.

La denuncia por omisión contra Alfonso Durazo es como titular de la SSPC, subrayó, porque en ese cargo era responsable de garantizar la vida e integridad y, más aún, porque se les hizo de su conocimiento el riesgo que existía en la zona.

Durazo Montaño, dijo, fue omiso para brindar seguridad en la zona y permitir que operara el crimen organizado por dos razones: o existía complicidad o bien fue negligencia. Ambos son delitos sancionables de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Los servidores públicos deben entender que su trabajo no se trata de cobrar por organizar papeles, debemos hacerles saber que son responsables de la vida de todos, y si fallan queriendo o sin querer, serán responsables. Paradójicamente, hasta después de que mataron a mi familia hubo seguridad en la zona. Quiero saber qué se necesita para que haya seguridad en el país. ¿Acaso deben matar a alguien en cada esquina?", recalcó el denunciante.

Y remató: “No permitiremos que el Estado se lave las manos sólo deteniendo a quienes jalaron el gatillo. También son responsables los que no evitaron que lo jalaran”.

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