CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la próxima participación electoral de población privada de la libertad, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el proyecto “Libres para elegir: observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión”, que tiene el objetivo de monitorear el proceso piloto en el que podrían participar 2 mil 185 personas encarceladas en los comicios del 6 de junio.

En un pronunciamiento, las organizaciones Documenta y el Centro de Atención a Personas Privadas de Libertad (CAIFAM), Centro de Estudios y Acción por la  Justicia Social, Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), Colectivo Artículo 20, Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)  y Artículo 19, recordaron que la prueba piloto de votación que se llevará a cabo en centros penitenciarios entre el 17 y 19 de mayo, se derivó de una solicitud de indígenas tzotziles sin sentencia que se encontraban en prisión preventiva en la cárcel de “El Amate” en Chiapas, para poder participar en las elecciones federales de 2018.

El proceso iniciado por los indígenas derivó en una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de que las personas sin sentencia tienen derecho a votar con base en su presunción de inocencia, por lo que se ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer una prueba piloto en las elecciones de 2021, para dejar un precedente hacia las elecciones del 2024.

El observatorio dará seguimiento a las elecciones dentro de los centros de readaptación social federales en Sonora, Guanajuato, Chiapas, femenil de Morelos y de Michoacán, donde 2 mi185 personas que se encuentran en prisión preventiva que podrán ejercer su voto.

De acuerdo a las organizaciones, el objetivo de “Libres para elegir” es fomentar la participación ciudadana “y el ejercicio de los derechos políticos de las personas privadas de libertad en prisión preventiva con un enfoque diferenciado y de género que permita evaluar la prueba piloto de la jornada electoral de 2021 y apoyar el proceso en la mejora del ejercicio electoral de 2024”.

La iniciativa presentada este día tiene como metas “monitorear y evaluar las diferentes fases de implementación de la prueba piloto” que se llevará a cabo en mayo; emitir recomendaciones para mejorar la organización de los procesos electorales, en los que participarán personas privadas de libertad sin sentencia, y “ampliar el ejercicio del derecho a la información”, así como “visibilizar la importancia de mejorar y ampliar el ejercicio del derecho a la información y el derecho al voto para personas privadas de la libertad en prisión preventiva en los próximos procesos electorales”.

De acuerdo a la consejera electoral e integrante de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral el INE, Dania Paola Ravel Cuevas, las 2 mil 185 personas en condición de prisión preventiva en los estados donde habrá elecciones y hay centros federales de reintegración social,  podrán votar siempre y cuando así lo deseen y se encuentren en el padrón electoral.

Para los comicios, agregó la consejera, el INE enviará a los penales federales seleccionados correspondencia personalizada a esas personas en prisión preventiva, de las cuales mil 680 son hombres y 505 son mujeres, “con un instructivo de votación, el resumen de opciones lectorales, la boleta electoral y un sobre para enviar el voto”.

Por tratarse de la modalidad de voto postal anticipado, la jornada de votación se realizará del 17 al 19 de mayo, para lo cual el Sistema Penitenciario “deberá habilitar espacios que garanticen la secrecía del voto, donde estarán observadores del INE y personal de seguridad”, abundó.

En la presentación de la iniciativa “Libres para elegir” estuvieron el integrante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) Octavio Amezcua; el director general de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, Juan José García Ochoa; la consejera  y el consejero del INE, Claudia Zavala, y José Roberto Ruiz, y la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hilda Téllez.