CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador las conferencias matutinas dejaron de ser “un verdadero espacio informativo, de transparencia y de rendición de cuentas”, para convertirse en el momento en que el Ejecutivo federal impone su agenda “a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad” sobre la situación gubernamental, alertó Artículo 19 en su informe anual titulado “Distorsión: el discursos contra la  realidad”.

Del análisis de las conferencias matutinas llevadas a cabo durante 2020, la organización consideró que, con las mañaneras, “se persigue que en la arena pública la única voz que se escuche sea la del primer mandatario, y la información que contrasta y desestima sus dichos es negada mediante artilugios legales”.

Mientras se trata de imponer la voz presidencial, 2020 cerró con 692 agresiones contra periodistas, de acuerdo al recuento de Artículo 19, situación que es un reflejo de “la caracterización negativa que el presidente y algunos integrantes de su gabinete hacen de la prensa” y que tiene un “peligroso efecto en cascada, que se reproduce y recrudece a nivel local a manera de hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder público en contra de las y los periodistas”.

Tras señalar que las agresiones registradas en 2020, representan un incremento de 13.62% con respecto a 2019, el informe detalló que, del total, 49.5% fueron cometidas por agentes del Estado, que a su vez representan 29.4% más que las agresiones por agentes estatales cometidas en 2019.

De acuerdo a los registros de Artículo 19, 28.72% de las agresiones cometidas por funcionarios públicos tienen que ver con hostigamientos judiciales y estigmatizaciones contra la prensa; 23.94% con intimidaciones y hostigamientos; y 21.28% con bloqueos o alteraciones de contenido.

La organización destacó que, durante 2020, 144 de las 343 agresiones cometidas por autoridades fueron resultado de actos de represión cometidos por corporaciones policiacas, durante la cobertura de manifestaciones en distintas entidades.

Con 17 víctimas mortales durante los años que lleva la administración de López Obrador, la organización sostuvo que, en materia informativa, “el Estado fue excluyente”, ante la persistencia de la “brecha digital y la falta de información asequible y culturalmente adecuada para poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

La organización vio con preocupación que durante 2020 “los derechos de libertad de expresión e información fueron vulnerados de distintas formas, condicionando así el ejercicio de otros derechos humanos”, en tanto que en el segundo año de gobierno de López Obrador se consolidaron “el miedo, la opacidad, la impunidad y la negación de la atrocidad”.

La organización resaltó que, contra la realidad, en las conferencias matutinas el presidente López Obrador recurrentemente menciona tener “otros datos” que no son comprobables, pues al recurrir a la Ley de Transparencia, Artículo 19 recibió 389 declaraciones de incompetencia a las solicitudes de información por parte de la Oficina de la Presidencia y la Coordinación General de Comunicación Social en 2020.

Publicidad, desequilibrio

En cuanto a la contratación de publicidad oficial, el informe detalló que, pese a la pandemia, la Secretaría de Salud ocupó el lugar 11 al gastar 14 millones de pesos, cuando pudo haber ejercidos mayores recursos para generar campañas para prevenir el covid-19. Mientras que 54% del total de los recursos públicos dedicados a la publicidad, se repartió a diez medios y empresas de comunicación, mientras que el restante 46% se repartió entre 387 empresas.

En 2020 se confirmó que para la administración “la comunicación social se concentra en la conferencia matutina”, con la disminución de los tiempos fiscales que los concesionarios de Radio y televisión deben ceder al gobierno, “con la justificación de que ya  tiene las conferencias mañaneas para informar”, todo ello a la par de la amenaza de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al señalar que la polarización y la desinformación se hicieron presentes, la organización destacó que la pandemia del covid-19 “mostró la cara más dolorosa de la precariedad laboral, la falta de garantías institucionales del derecho a la salud, la ausencia de información pertinente para comunidades y pueblos indígenas y el recrudecimiento de la violencia doméstica contra las mujeres”. 

En el caso de los trabajadores de la comunicación, 99 periodistas fallecieron en México de marzo de 2020 a febrero de 2021, al verse infectados por covid-19.

Artículo 19 cuestionó las 15 iniciativas presentadas por legisladores federales y estatales, de las cuales ocho fueron aprobadas,  y que “pretenden imponer restricciones desproporcionadas al ejercicio de los derecho humanos en el ámbito digital”, como lo es la propuesta de intentar controlar internet, un espacio que “ha potenciado el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de participación pública de las mujeres, tanto en lo individual como de sus colectivos, y de las organizaciones feministas”.

Mientras se pretende controlar internet, hasta ahora 55% de la población de estrato económico bajo y 53% de la población rural no tienen acceso a internet.

Artículo 19 resaltó “el desmantelamiento, estancamiento o franca cooptación de instituciones protectoras” de derechos humanos mientras continúan registrándose violaciones graves, incluso en materia de libertad de expresión y el derecho a la información.

En ese sentido, el informe se refiere a la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y el fideicomiso del Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, programa en el que estaban inscritas mil 262 personas, mientras que la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR), no se ha traducido en el abatimiento de la impunidad en delitos contra la libertad de expresión que se ubica en 98%.

“El discurso oficial es un espejo que distorsiona la realidad, al mando de una narrativa de aversión al disenso”, advirtió Artículo 19 al señalar que mientras se tenga la deuda histórica con la sociedad en materia de respeto a sus derechos, “la censura y la represión seguirán siendo una amenaza que no sólo proviene de las prácticas del pasado, sino del presente”.

Estigmatización contra medios críticos

Entre las prácticas que agudizan los riesgos para los periodistas, está la estigmatización que hace el presidente López Obrador de los medios de comunicación que no considera afines a su proyecto político, resaltando de manera particular el diario Reforma, llamado “pasquín inmundo” por el mandatario el 11 de septiembre de 2020, expresiones que para la organización abren la puerta para que funcionarios de distintos niveles agredan a periodistas.

Entre las entidades que mayores agresiones se cometen, Artículo 19 destacó el caso de Quintana Roo, donde fueron agredidos periodistas en el contexto de la cobertura de manifestaciones feministas, y Puebla, donde funcionarios públicos han presentados 16 demandas contra periodistas y medios de comunicación, en tanto que, de las 692 agresiones, 27.6% corresponden a ataques digitales, en tanto que 16.3% del total de ataques, se realizaron en el contexto de la pandemia por coronavirus.

La organización hace mención de la denuncia pública y ante autoridades federales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra autoridades de Notimex, que se demostró ordenaban ataques en Twitter contra periodistas. Al respecto, Artículo 19 señaló que no hay avances en las investigaciones, mientras que la CNDH clasificó los hechos como un “conflicto laboral”.

Artículo 19 concluyó en su informe que, a dos años del gobierno de López Obrador, “se evidencian signos de permanencia y aprovechamiento de anclajes autoritarios que operan en sentido contrario al respeto y garantía de los derechos humanos”.

En tanto, que “se mantienen mecanismos de censura directa o indirecta que tienen al periodismo contra las cuerdas, defendiéndose ante el estigma, la criminalización y la violencia, contra el telón de fondo configurado por relaciones de poder que limitan el pluralismo informativo, como la asignación discrecional de publicidad oficial o la condonación de los tiempos fiscales a los empresarios de radio y televisión”, apuntó Artículo 19 en su informe anual.