CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el pretexto de la seguridad nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), evitó una licitación pública  y, con la adjudicación directa de un contrato, eligió entre tres empresas que están relacionadas con un mismo empresario.

La operación, por un monto mínimo de 11 millones 200 mil y un máximo de 28 millones de pesos, fue realizada durante la titularidad de Alfonso Durazo Montaño, se ha extendido con su relevo en la dependencia, Rosa Icela Rodríguez y consiste en la prestación de servicios de limpieza en áreas estratégicas, una condición que dio el fundamento para la discrecionalidad.      

El 17 de abril de 2020, la SSPC acreditó las propuestas de los pretendientes del contrato, tres empresas dedicadas a prestar servicios de limpieza: Gott und Glück; Decoaro y Supervisión; y Tripallium.

De acuerdo con el documento titulado “Justificación para la procedencia de no celebrar licitación pública. Servicio de limpieza en los inmuebles de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, cuya copia tiene Proceso digital, la propuesta de costos fue apenas diferente entre las participantes:

Gott und Glück propuso costos mensuales unitarios para tres puestos (supervisor operativo, supervisor concentrador y personal operativo o de intendencia) por 26 mil 796 pesos; Decoaro y Supervisión, ofertó por 26 mil 849 pesos; y Tripallium por 27 mil 840 pesos. La adjudicada fue Gott und Glück.

Más allá de la proximidad en la cotización, las tres participantes tienen por denominador común al empresario Enrique José Gómez Mandujano que en otros procesos de adjudicación revisados por el reportero a partir de documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, aparece como director general de Gott und Glück, ante la Policía Federal, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Politécnico Nacional.

Además, se ha acreditado como representante legal de Tripallium ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, durante un proceso de inconformidad (LPNM-00620001-005-10) interpuesto en 2010, en el que además aparece como socio su hermano, Ricardo José Gómez Mandujano.

Aun más. Las empresas Decoaro y Supervisión, Gott und Glück y Tripallium, han emitido cartas de recomendación sobre personal, con una misma redacción y datos, según pudo constatar el reportero. En octubre pasado, por ejemplo, recomendaron a un empleado de nombre Alberto Gasca, en cartas emitidas los primeros días de octubre y en todas aparece como supervisor a cargo de 170 personas.   

En las cartas de Tripllium, firma Enrique Gómez Mandujano –quien firmó por el contrato con al SSP pero por Gott und Glück-- como representante legal.

Tripallium, la no listada

De entrada, la participación de Tripallium en el proceso de presentación de propuestas para conseguir la adjudicación, es destacada puesto que, a pesar de lo presumiblemente estricto que debía ser el proceso por razones de seguridad, no cumplía con un requisito básico: la empresa debía estar listada como posible proveedora, a partir de un proceso intersecretarial.

El requisito no es ocioso.

De acuerdo con la justificación del proceso, cuya copia tiene Proceso, la SSP adujo que no podía abrir una licitación pública porque hacerlo implicaría revelar información que abría “la posibilidad de que el personal proveedor conozca infraestructura tecnológica y de seguridad de las instalaciones, entre otros detalles que comprometen la seguridad de la información de carácter confidencial”.

También expone en el documento que una licitación ponía en entredicho “la seguridad e integridad de los servidores públicos que ahí laboran, de las instalaciones y de los documentos y datos que en estos se albergan”.

Entre otros detalles, la SSP expuso en el documento que  “los inmuebles en donde se prestará el servicio son considerados estratégicos para la seguridad pública del país, ya que en ellos se albergan bases de datos con información de carácter confidencial, referente a Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, Tribunales Superiores de Justicia, Fiscalías y Procuradurías estatales y nacional, así como diversas instituciones inmersas en la seguridad de nuestro país las cuales forman parte de los Registros Nacionales mandatados por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Al tratarse de personal de limpieza, este se encarga de prestar servicios en los que podría tener acceso al estado de fuerza, la ubicación de armerías, áreas de acceso inmuebles, estacionamientos de vehículos especiales y tácticos, así como a tener conocimiento de las medidas de seguridad que se deben cumplir al ingresar a instalaciones.

Por esas y otras razones, es que la selección de personal de limpieza, implicaba un proceso riguroso, sólo aplicable mediante adjudicación directa a realizar con base en un Contrato Macro.

En el dicho Contrato Macro, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se establece que la documentación a entregar por las empresas listadas, es fijada por la propia dependencia, mientras que la Secretaría de la Función Pública interviene en su revisión. Sin embargo, Tripallium no pasó ese procedimiento.

Es decir: estando la empresa obligada a la documentación y el enlistado para poder presentar propuestas, se le recibió la oferta, aunque no fue seleccionada. Y no se listó a pesar de que hubo seis períodos de apertura al Contrato Marco en agosto, septiembre y octubre de 2019, así como en enero, abril y julio de 2020.

La participación de Tripallium como una de las tres consideradas admitidas al procedimiento sin cumplir esos requisitos, destaca porque hay 139 compañías que integran el registro del Contrato Marco, es decir, pudiendo haber elegido entre 137 empresas que cumplían los requisitos, la SSP aceptó una que no los cumplía.

Gott und Gott und Glück se hizo acreedora desde entonces al contrato hasta por 28 millones de pesos para encargarse del “Servicio de Limpieza en los Inmuebles de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, del 7 de mayo al 31 de diciebre de 2020, pero finalmente su vigencia se alargó sin más, por ahora, hasta el próximo 31 de marzo de este año, después de un convenio modificatorio que permanece en la opacidad.