CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar supuestos actos de tortura física y psicológica contra Fernando R.M., acusado del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del exdiputado federal Gerardo Sosa Castelán.

Lo mismo para otro interno, Juan Carlos M.M., un expolicía que trabajaba como guardia de seguridad en el Bar Silvana, de Pachuca, y fue vinculado a proceso el 23 de diciembre pasado, con imputaciones de homicidio y narcomenudeo. 

En un escrito conjunto, ambos reclusos acusaron que se han violentado por completo sus derechos y que han recibido tanto agresiones como tortura psicológica, al estar en celdas de castigo sin ningún derecho, por estar catalogados como “casos políticos”.

Por el caso de Juan Carlos M.M., su familia y amigos se encadenaron afuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el pasado 21 de enero para acusar tratos inhumanos en la penitenciaría.

La respuesta del ministro se dio después de que, a través de cartas enviadas desde la cárcel de Pachuca, los reclusos pidieran la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Suprema Corte de Justicia, para que revisen posibles inconsistencias que, aseguran, existen en su caso: entre sus detenciones, la incorporación de material que adquirió valor de prueba en sus expedientes y los criterios de las juezas que analizan sus causas, a quienes acusaron de responder a intereses políticos.

Desde el 23 de febrero de 2020 –justo cuando se cumplió un año del homicidio de Gerardo hijo, a tiros, cerca de un rancho de la familia Sosa en Acaxochitlán, Hidalgo–, Fernando fue recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, en el área de asuntos especiales, donde se encuentran también exfuncionarios estatales y expresidentes municipales detenidos durante el actual gobierno de la entidad, entre ellos el exalcalde Ixmiquilpan y diputado federal sin fuero Cipriano Charrez Pedraza y el exedil de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños.

Aunque de la Oficina de presidencia no han recibido respuesta, el ministro Zaldívar también dio vista al Consejo de la Judicatura Federal para “los efectos legales conducentes”, debido a que los internos le solicitaron que sean investigados jueces y magistrados federales con sede en el Estado de Hidalgo, “ya que (acusaron que) el gobernador y la presidenta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo trafican con sus influencias… lo cual entorpece actos jurídicos en caso de amparos directos e indirectos”.

Fernando R.M. y Juan Carlos M.M. señalaron que las jueces de control asignadas a sus causas penales, Janett Montiel Mendoza y Karina Vértiz Marín, respectivamente, son las encargadas de los “casos políticos”, y responden a instrucciones de la magistrada presidenta Yanet Herrera Meneses, quien, a su vez, dijeron, responde al gobernador Omar Fayad Meneses. 

“En el oficio también dirigido al presidente, solicitaron investigar el Poder Judicial de Hidalgo, como a su presidenta, que se maneja con desigualdad y es manipulada, ya que hay vínculos familiares con el gobernador Omar Fayad Meneses, siendo este último su primo, por tal motivo en los actos jurídicos en los que estamos involucrados no avanzan a favor; sino al contrario, agotan todos los medios de prueba, ya sea que las fabriquen o, lo que es peor, que compren mediante favores políticos o represiones”, señalaron.

No obstante, el ministro Zaldívar, mediante el oficio 1120/2020-VIAJ, expuso que la SCJN carecía de atribuciones para tales efectos, conforme al marco normativo que regular al Tribunal de Justicia local.  

En otra carta dirigida al presidente López Obrador y al ministro, Fernando R.M. dijo ser inculpado injustamente del asesinato de Sosa Cravioto, quien, afirmó, era su amigo, además de que trabajó con él en la administración del rancho Yemila, en Acaxoxhitlán. “Todo indica que se busca encubrir la verdad, (aunque) no sé los motivos”, planteó.  

Sosa Cravioto, de 32 años, fue atacado a tiros en un camino de terracería cerca del rancho Yemila. Los cuatro impactos que recibió en el tórax y abdomen lo hirieron gravemente, pero llegó con vida a una clínica para maniobras de emergencia, de donde fue trasladado nuevamente a un nosocomio privado para intervención en quirófano y, posteriormente, traslado aéreo a la Ciudad de México; sin embargo, no sobrevivió. 

La última vez que Gerardo Sosa Castelán y Fernando R.M. se vieron fue en el velorio de Gerardo hijo, el 24 de febrero de 2019. Sosa le dijo: “ya ves, cabrón, me lo descuidaste”, cuando recibió el pésame, según contó a Proceso. 

El 31 de agosto de 2020, Sosa Castelán, entonces presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue detenido en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde ese momento ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, por presunto lavado de dinero, donde permanece tras la vinculación a proceso.   

A él, la FGR lo acusa de ser la cabeza de una organización criminal que triangulaba recursos de la Autónoma de Hidalgo a empresas fachada y también propiedad de su familia, así como a despachos contables que, posteriormente, los remitían a cuentas de esta parentela con alta influencia política local y de personeros.