CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la difusión de imágenes de niños y adolescentes armados, como parte de la policía comunitaria en la montaña baja de Guerrero, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió al Estado mexicano “respuesta inmediata y articulada”, como se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia pública realizada el 6 de marzo del año pasado.
    
En un pronunciamiento firmado por el director ejecutivo de la coalición integrada por 75 organizaciones en el país, Juan Martín Pérez García, la Redim consideró que la exhibición de menores de 17 años en eventos públicos es un “acto desesperado para llamar la atención del Estado mexicano” por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), ante la impunidad de la que gozan las redes criminales.

Sin embargo, advirtió que recurrir a infantes en actos de vigilancia, como parte de la CRAC-PF, podría “configurar delitos como trata, corrupción de menores y reclutamiento con consecuencias legales”.

Tras recordar la audiencia pública ante la CIDH denominada “Graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia armada en México:  reclutamiento forzado y epidemia de niñez desaparecida”, destacó que, pese a los compromisos públicos de los representantes del Estado, “lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios, y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez”.

En su comunicado, la organización agregó que hasta ahora las autoridades han asumido un “silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales” en el estado de Guerrero.

Pérez García recordó que las comunidades indígenas “tienen más de tres décadas con policías comunitarias, creadas en respuesta al abandono del Estado mexicano y su omisión de garantizar seguridad y desarrollo social”.
    
Alertó que en los últimos siete años “el crimen organizado aumentó su control territorial, con la complicidad de caciques y autoridades, presuntamente con el objetivo de ampliar la siembra de amapola y procesamiento de otras drogas”.  
    
Asimismo, reconoció que apenas el 15 de febrero pasado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó la “Estrategia para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Violencia”, en respuesta a la petición que el 6 de enero de 2020 hizo la Redim de “crear un proyecto estratégico 26, orientado a atender los impactos de la violencia armada en contra de la niñez”.
    
El plan presentado por Sánchez Cordero “sería uno de los compromisos del Estado mexicano ante la CIDH y ante las recomendaciones que realizó el Comité de Derechos del Niño de la ONU a México en 2011 y 2015”, puntualizó.

La organización alertó que para operar la estrategia “es necesario el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que se encuentra en un momento de fragilidad institucional”, luego de la renuncia de Ricardo Bucio Mujica como secretario ejecutivo, el pasado 5 de febrero.

Entre los compromisos y recomendaciones internacionales que en esta materia se encuentran pendientes destaca “la armonización legislativa para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes”, apuntó Redim.

Ante la difusión de imágenes de niños armados, como parte de la CRAC-PF en medios de comunicación, llamó a la sociedad “a evitar la criminalización de las familias indígenas”, en particular los menores, así como a su policía comunitaria.

Por el contrario, la coalición de organizaciones de defensa de la infancia alentó a la sociedad a “exigir al Estado que garantice la vida y desarrollo social de estas comunidades”, particularmente que el sistema DIF nacional y estatal ofrezca “apoyo y alternativas de protección a estos niños, sin ser separados de sus familias”.

El director ejecutivo de Redim exhortó a los periodistas y medios de comunicación “a no difundir imágenes y datos que permitan la identificación de niñas, niños y adolescentes, por el alto riesgo de ser blanco de grupos criminales”.