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Ahorros por acuerdo de reclusorios privatizados servirán para construir 400 cuarteles de la GN

El mandatario dijo que los “ahorros” sumarán 10 mil millones de pesos en los próximos cuatro años y se invertirán en la construcción de 400 cuarteles de la Guardia Nacional, adicionales a las 160 instalaciones que existen actualmente.
jueves, 22 de abril de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con las seis empresas que administran ocho reclusorios en el país, a través de contratos adjudicados de manera directa durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que permitirá un ahorro al gobierno federal de dos mil 500 millones de pesos anuales.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que estos “ahorros” que sumarán 10 mil millones de pesos en los próximos cuatro años, se invertirán en la construcción de 400 cuarteles de la Guardia Nacional, adicionales a las 160 instalaciones que existen actualmente.

“Este acuerdo significa que no vamos a deshacer o incumplir los contratos de otros tiempos. Buscamos quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la Hacienda Pública y que logremos ahorros. Se habló con los empresarios y aceptaron una disminución del 15 por ciento”, expresó el titular del Ejecutivo federal. 

Al respecto, señaló que el acuerdo con los representantes de las seis empresas beneficiadas es “de carácter administrativo” y sostuvo que se mantienen procesos judiciales abiertos en contra de los involucrados para aclarar las condiciones que se dieron en la entrega de los contratos que fueron calificados como “leoninos” y “muy favorables” para las empresas privadas.

“Es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta donde se llegó porque no sólo fueron los bancos, las minas, grandes empresas de la nación, las tierras. Se privatizaron hasta los reclusorios, todo era hacer negocio al amparo del poder público mediante el influyentismo y con el control absoluto del gobierno, se tenía secuestrado al gobierno, estaba tomado el gobierno y estaba al servicio de unos cuantos”, sentenció el presidente.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez presentó un informe desglosado sobre el caso de los ocho penales concesionados a la iniciativa privada que se ubican en los estados de Sonora; Guanajuato; Oaxaca; Durango; Chiapas; Morelos; Michoacán y Coahuila. 

Hasta el 31 de marzo de este año, había una población de 12 mil 334 internos en las ocho cárceles que tienen un promedio de ocupación del 61 por ciento y por los que se paga 16 mil millones de pesos anuales y ahora con el acuerdo, el gobierno federal estará pagando a las empresas, un monto de 13 mil 543 millones de pesos, indicó la funcionaria federal.

Incluso, refirió que el gasto anual por interno equivale a un millón 408 mil 916 pesos, es decir, 117 mil 409 pesos al mes, cifra que representa una estancia en un hotel de cinco estrellas por noche, señaló Rodríguez Velázquez.

La titular de la SSPC, reveló que las empresas beneficiadas con la adjudicación de contratos directos son Exi Quantium con dos contratos; así como OIA; DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria; Capital Inbursa con dos contratos; Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán y Black Rock. 

También, explicó que los ocho contratos fueron adjudicados el 27 de diciembre de 2010 y el 18 de marzo de 2011 durante el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Los ex funcionarios federales de la secretaria de Seguridad Pública que realizaron los contratos son: Gonzalo Villarreal Guerra, excoordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, exdirector general de administración de la excoordinación general de centros federales y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones. 

Sobre las conclusiones del acuerdo, Rodríguez Velázquez destacó una reducción del gasto al gobierno federal del 15 por ciento; que las instalaciones de los penales serán incorporadas a los bienes de la nación al concluir los 20 años de la concesión a las empresas privadas; que se revisarán cláusulas para garantizar el cumplimiento de los contratos y el respeto a los derechos humanos de los internos.  

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