LEY DE LA FGR

CNDH: dictamen de Ley FGR atentará contra derechos de las víctimas

La CDNH consideró que el dictamen de la Ley de la FGR “resulta regresivo en lo que a derechos de las víctimas se refiere" y dejará de lado los derechos humanos de las víctimas y su acceso a la justicia.
viernes, 23 de abril de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) coincidió con organizaciones sociales y el movimiento de víctimas en que el dictamen de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada el jueves 22 en la Cámara de Diputados, “resulta regresivo en lo que a derechos de las víctimas se refiere, y atentará en contra del principio de progresividad, dejando a un lado los derechos humanos de las víctimas y su acceso a la justicia”.

Luego de diversas expresiones de rechazo a la iniciativa impulsada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, el organismo urgió al Congreso de la Unión para que el proceso legislativo “garantice la protección de los derechos humanos de las víctimas, el principio de progresividad, el de máxima publicidad de la información y se garantice una coordinación interinstitucional para la atención y acompañamiento de las víctimas de derechos humanos”.

En un comunicado la CNDH alertó que el proyecto de Ley de la FGR “se antepone como función primordial de la Fiscalía General de la República a la representación del interés social, por encima de la ‘protección de los intereses de la víctima’, lo que resulta regresivo en lo que al derecho de las víctimas se refiere, y justicia”.

Advirtió que el dictamen concede a la FGR una facultad “limitativa del ejercicio del derecho al acceso a la justicia de las víctimas de derechos humanos, en particular en lo que corresponde a las víctimas de desaparición forzada”.

Asimismo, urgió al Congreso de la Unión a que “en todo momento del proceso legislativo sean atendidas las opiniones y propuestas de la sociedad civil”, que se reconozcan “los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones de derechos humanos”, y que se garantice el derecho al acceso a la justicia.

El organismo llamó a que “se reconozcan de manera sustantiva la coordinación interinstitucional para la aplicación de protocolos homologados y asociados a los derechos de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, así como a la escucha, acompañamiento y atención a las familias agraviadas y a los colectivos que históricamente han realizado labores de búsqueda que el Estado obstruyó”.

La CNDH alertó que organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, las relatorías especiales sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos, sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y sobre los Derechos de los Migrantes, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja, emitieron una opinión sobre la iniciativa el 20 de enero de 2021.

Entre las preocupaciones manifestadas por los organismos está la “división entre las actividades de búsqueda y de investigación en materia de desaparición forzada”, al dejar a las comisiones de búsqueda como las únicas responsables de eso, lo que es contrario a principios de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada y los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que orientan a que “la búsqueda de las personas desaparecidas debe interrelacionarse con la investigación penal”, de manera que ambos procesos se lleven a cabo “con la misma efectividad, de manera que se garantice la retroalimentación regular y sin demora entre los avances y resultados obtenidos por las entidades de búsqueda y de investigación criminal”.

La CNDH puntualizó que deben establecerse “mecanismos de participación activa para las víctimas de violaciones de derechos humanos en los planes de investigación, y garantizar la participación de la FGR como integrante de los órganos colegiados de toma de decisiones de diversas instituciones del Estado mexicano que brindan atención a las víctimas”.

En un comunicado, el organismo advirtió que dará seguimiento al proceso legislativo de la Ley de la FGR “para corroborar que se encuentre apegada al respeto irrestricto de los derechos humanos”.

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