migrantes

INM bloquea labores de acompañamiento en punto fronterizo, denuncian activistas ante la ONU

Según el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, los agentes del INM no sólo han perpetrado “hostigamiento constante”, sino incluso intentaron “expulsarnos junto con las familias hacia el territorio de Guatemala".
jueves, 29 de abril de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un colectivo de organizaciones defensoras de derechos humanos en el sureste urgió hoy a la Relatora Especial sobre la Situación de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos a interpelar al gobierno mexicano sobre las acciones de hostigamiento que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) despliegan contra los activistas en el puente fronterizo Rodolfo Robles, que une México y Guatemala.

En una carta dirigida a Mary Lawlor, la relatora que forma parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las organizaciones denunciaron que el INM no les deja realizar sus labores de acompañamiento y monitoreo de la situación en este punto fronterizo, que el gobierno mexicano cerró a los viajes “no esenciales” bajo el pretexto de la pandemia de covid-19.

Según el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, los agentes del INM no sólo han perpetrado “hostigamiento constante”, sino incluso intentaron “expulsarnos junto con las familias hacia el territorio de Guatemala el día 22 de marzo de 2021, hechos que constan en la queja promovida ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos con fecha 2021/3/22 13:8”.

En otra ocasión, el pasado lunes 26, el INM llamó a la policía municipal para retirar a los defensores de derechos humanos; los agentes llegaron sin identificación visible y en un vehículo sin placas para fotografiarlos, y posteriormente arribaron soldados de la Guardia Nacional, “quienes en actitud confrontativa y violenta nos tomaron fotografías en reiteradas ocasiones e insistieron en retirarnos del lugar sugiriendo que nuestras labores no se encuentran dentro del marco de la legalidad”.

En su carta, el colectivo solicitó a la relatora que exhorte al gobierno mexicano –especialmente a las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Defensa Nacional (Sedena)-- a “garantizar condiciones de seguridad, dignidad y respeto a las labores de promoción y defensa de los derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil realizamos especialmente en la Frontera Sur de México”.

Comentarios