Francisco Javier García Cabeza de Vaca

La Cámara de Diputados aprueba el desafuero del gobernador de Tamaulipas

La Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, aprobó con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
viernes, 30 de abril de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de una larga sesión de 6 horas y 40 minutos, la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia aprobó con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Con la ausencia del mandatario panista, quien delegó su defensa y representación al abogado Alonso Aguilar Zinser, el bloque mayoritario integrado por Morena, PT, PES y Verde avalaron retirarle al gobernador panista la inmunidad procesal por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil 777.57 pesos.

En contra votaron las fracciones opositoras del PAN, MC y PRD; la bancada del PRI se dividió: 11 de sus integrantes se abstuvieron; también dos del PES y uno de Morena.

El resolutivo fue turnado al Congreso de Tamaulipas, con mayoría panista, para que “en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

Por lo pronto, el Congreso de ese estado ya presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del desafuero.

Sobre las facultades del Congreso tamaulipeco existen al menos dos interpretaciones. Una, que es la instancia final que decidirá si procede o no el desafuero acordado por la Cámara de Diputados y, dos, la que asegura que la legislatura estatal debe presentar al gobernador ante el Ministerio Público y nombrar al gobernador sustituto.

El debate

Como en otras iniciativas polémicas, se polarizó el debate que derivó entre descalificaciones e insultos entre legisladores del bloque mayoritario encabezado por Morena y el minoritario con el PAN y el PRI al frente.

Convertida en Jurado de Procedencia, el pleno camaral escuchó al abrir la sesión, los posicionamientos de la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de Elizabeth Alcántar Cruz, quien fundamentó la investigación en contra del gobernador panista por los delitos de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Enseguida, el abogado Aguilar Zinser, quien presentó sus alegatos vía Zoom, solicitó que no se aprobara el dictamen a discusión porque no se acreditó el delito de defraudación fiscal, el único de los tres señalados por la FGR que la Sección Instructora valoró procedente.

A continuación, el diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora defendió el dictamen de procedencia. Señaló que “defraudar al fisco federal en el Impuesto Sobre la Renta es defraudar a la propia entidad federativa donde radica el causante”.

Estimó que “si se soslayara la presente causa y se dejara para un desenlace incierto, en un futuro tendríamos que admitir que lo emprendido por la presente legislatura en materia de lucha contra evasión, elusión y defraudación se limita, difiere o suspende cuando se trata de una situación políticamente muy especial”.

Aclaró que si bien la Sección Instructora “no asimila la totalidad de las conclusiones de la Fiscalía, no niega en forma alguna que pudieran tener bases suficientes en sede de judicial, donde deben presentarse”.

Concluyó: “Lo que es de la convicción de la Sección Instructora es la defraudación fiscal equiparable” por lo que alentó a la Cámara de Diputados cumpla con su deber y permita que el aparato de justicia se encargue de esta causa penal”.

De acuerdo con el procedimiento aprobado por la Cámara, se dio paso a los posicionamientos de las diferentes bancadas.

En su oportunidad, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, destacó que “el presidente de la República, con el virus del odio y la soberbia, ha comandado una ofensiva ilegal, primero vulnerando el debido proceso. Y, segundo, una burda intención de impactar en la contienda electoral que ya está en marcha.

“Lejos de ceñirse a principios que rigen a este tipo de procesos, en que se debe privilegiar la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto al marco convencional y constitucional de derechos fundamentales, en este caso lo que hemos visto son exabruptos, insinuaciones extraprocesales, un manejo mentiroso y parcial de las instituciones de investigación para el esclarecimiento de posibles hechos o inventos”.

“Si fuera real su compromiso en contra de la corrupción ya hubiéramos visto otros casos resueltos, el de Pío, el de las obras, las concesiones, los compadres, los primos, los cuñados y las nueras”, se quejó.

Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT aclaró que los diputados no tenían que resolver sobre la culpabilidad o no del gobernador de Tamaulipas. “No somos juezas ni jueces, lo único que tenemos que resolver es, si en lo que se nos ha presentado vemos visos de que este político tiene que hacer frente a la justicia”.

El diputado recordó que García Cabeza de Vaca tuvo el privilegio de venir a esta tribuna a defenderse y cobardemente lo evitó, mandó a un abogado, de una familia de prestigiosos juristas, a defender, Alonso Aguilar Zinser (quien) ha defendido a Mario Marín y a Raúl Salinas de Gortari, tiene experiencia en defender delincuentes que se dedican a la política y que han hecho de la política su actividad para enriquecimiento”.

Y les recordó a los legisladores de oposición: “Yo les recuerdo que Al Capone no lo metieron a la cárcel por ser el líder del crimen organizado en Estados Unidos, nunca se lo pudieron probar. Lo metieron a la cárcel por la evasión de impuestos, ahí fue donde lo agarraron, se le olvidó esta lección histórica al hoy gobernador de Tamaulipas”.

Adriana Dávila Fernández, legisladora del PAN, consideró que no se estaba atacando a un gobernador. “Con la solicitud de desafuero se agrede al federalismo, escuchen bien. Esta es una amenaza directa a todos los gobernadores del país que se atrevan a disentir con el inquilino de Palacio Nacional”, arengó.

“El castigo que ahora se quiere imponer al gobernador de Tamaulipas va más allá de la simulación de impartir justicia. El verdadero móvil de esta decisión presidencial es el linchamiento político y público”, consideró.

“El desafuero para el caso del gobernador Cabeza de Vaca es un caso político con tinte electoral. A él no se le acusa de acosador, de violador, de ladrón o pederasta. No se le señala por liberar a un narcotraficante ni por saludar a la madre o abuela de reconocidos delincuentes, uno de ellos, por cierto, fundado en la Corte de Estados Unidos, defendió a su correligionario.

La diputada de Morena, Sandra González Castañeda acusó a la oposición “de defender a un delincuente que ha robado los recursos que le pertenecen al pueblo mexicano, y eso no es lo peor, podría estar involucrado en otras actividades ilícitas, algunas incluso vinculadas con grupos de la delincuencia organizada”.

Pidió a los legisladores leer las acusaciones en contra de García Cabeza de Vaca. “Él y su mafia tienen más de 950 millones de pesos. Quizás a la bancada azul esa cantidad no le resulte ajena o exorbitante, de ahí el motivo del velo protector.

“¿Qué son casi mil millones de pesos para los panistas, en comparación con lo que se han robado? También puede ser que ese auxilio que hoy le extienden al gobernador encuentre motivo en los que ha beneficiado de manera directa con ese dinero del pueblo, que por cierto aquí se encuentran algunos sentados aquí en la bancada de los panistas”.

La integrante de la Sección Instructora, Claudia Pastor Badillo, del PRI, recordó que el periodo del gobernador de Tamaulipas concluye el 30 de septiembre del 2022 por lo que consideró que no se justificaba la urgencia para desaforarlo.

“Le resta un año y medio de gestión al frente de su estado y los delitos por los que se le acusa, prescriben en todo caso en 2029, 2049, respectivamente. Es decir, al menos cuatro años después de dejar su cargo. No hay justificación para la urgencia”, alegó.

“Creo firmemente que no se genera ningún daño irreparable en los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales, si el Ministerio Público de la Federación procede penalmente cuando cuente con mejores pruebas que las presentadas ante esta Cámara”.

Como lo mencionarían después legisladores del PAN, MC y PRD, dijo que le resultaba “increíble que, de los cuatro asuntos que teníamos en la Sección Instructora, únicamente vamos a resolver el último de los recibidos.

“Esto solo demuestra una cosa, el claro interés de la mayoría en esta Cámara por utilizar este tipo de procedimientos con fines electorales, de golpeteo político y de sumisión de todas las instituciones del Estado”.

Lilia Villafuerte Zavala, del PVEM, acotó que “una vez retirada la inmunidad, el interesado tendrá la oportunidad a través del debido proceso, como cualquier otro ciudadano, de defenderse ante las instancias jurisdiccionales correspondientes de las acusaciones de las cuales ha sido objeto, con la garantía de que, de acuerdo con todas las formalidades esenciales, podrá desahogar el material probatorio a que tiene derecho”.

En el Partido Verde, dijo, se aspira a que las posiciones de gobierno y de representación popular se ejerzan sin la menor suspicacia o sombra de duda sobre la probidad y honradez de quienes las ocupan.

Por ello, adelantó que su bancada votaría a favor del desafuero.

Antonio Ortega Martínez del PRD, anticipó que votarían en contra “porque nos encontramos plenamente convencidos de que todas las personas tienen derecho a enfrentar una justicia imparcial y expedita, por lo que esperamos que el Poder Judicial de la Federación actúe respetando los derechos humanos del imputado. Derechos que esta Cámara le ha negado y que el Congreso del estado debe reponer”.

La coordinadora de MC, Fabiola Loya Hernández consideró que en el dictamen de la Sección Instructora “continúan las inconsistencias procedimentales, evidenciando una urgencia por resolver, sacrificando exhaustividad y certeza en la resolución, siendo que son principios que debieran ser garantizados.

“Desde el día de la radicación hasta la resolución de la Sección Instructora pasaron 39 días hábiles. Esto es apenas poco más de la mitad del tiempo del plazo legal establecido en el artículo 25.

“Esta premura elimina tiempo valioso para realizar adecuadamente, con responsabilidad, la investigación y diligencias necesarias para estar en condiciones de emitir un dictamen concluyente que brinde certeza.

“Avalar este proceso de desafuero con esas irregularidades es volver al pasado, señoras y señores. Un pasado que muchos han criticado por el uso selectivo y revanchista de mecanismos para garantizar justicia”.

Tema recurrente en el debate fue el de las amenazas que la diputada del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, denunció que recibió del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, si votaba a favor del desafuero del mandatario de Tamaulipas.

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