IFT

El IFT también impugnará el padrón de datos biométricos ante la Suprema Corte

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentará una controversia ante la Suprema Corte en contra de diversas disposiciones del decreto que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
miércoles, 12 de mayo de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de diversas disposiciones del decreto que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

El organismo autónomo señaló que no cuenta con recursos para hacerse cargo del Panaut, dado que la reforma a la ley establece que el IFT se encargará de instalar, operar, regular y mantener un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con cargo a su presupuesto.

“Dicho mandato legislativo configura una afectación directa a una garantía institucional de este órgano autónomo prevista en la Constitución, la cual establece que este Instituto es independiente en sus decisiones y funcionamiento, ejerce su presupuesto de forma autónoma y, con una suficiencia presupuestal que le permita el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias”, manifestó.

“El Instituto no podría destinar en este momento recursos al Panaut, debido a que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 no contempla recursos para poner en marcha dicho registro”, señaló el Instituto.

El órgano regulador consideró que la nueva ley contiene elementos que podrían contraponerse con el propio mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales.

En un comunicado, el IFT resaltó que el presupuesto que la Cámara de Diputados le asignó para el presente ejercicio fiscal es de mil 510 millones de pesos, y que, aunque durante el ejercicio fiscal puede realizar adecuaciones, reasignaciones, reducciones y ampliaciones a sus partidas y programa de gasto, no puede poner en riesgo el cumplimiento de sus metas.

“Es importante destacar que, ni en la planeación presupuestal ni en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021, hay recursos asignados para poner en marcha el Panaut, al ser este último una obligación reciente de gasto generada durante el ejercicio en marcha”, explicó.

El Panaut, criticado por ser una reedición del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) de Felipe Calderón, obliga a los usuarios de telefonía celular a dar su información personal a las compañías como Telcel, Movistar o AT&T, incluidos sus datos biométricos.

De acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) aprobada en el Congreso, el padrón tiene como “único fin” colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos, como secuestro, fraude y extorsión, igual que el extinto Renaut.

Para ello, exige a los concesionarios pedir una serie de datos personales a cada usuario de telefonía móvil desde el momento de la adquisición de la línea, que incluyen número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea y datos biométricos del usuario.

Mientras que los usuarios que contrataron previamente su línea telefónica, tendrán dos años, a partir de la entrada en vigor del decreto, el pasado 17 de abril, para registrar sus datos o de lo contrario se les cancelará la prestación del servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización.

La base de datos será instalada y operada por el órgano regulador de las telecomunicaciones en el país, el IFT, que resguardará los datos personales de los usuarios. Mientras que las autoridades de “seguridad de procuración y administración de justicia” podrán tener acceso a la base de datos, según la ley.

A finales de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también aprobó por unanimidad presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte por considerar que viola el derecho a la protección de los datos personales al solicitar datos sensibles sin una orden judicial, entre otros argumentos.

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