Tamaulipas

FGR impugna la decisión de la SCJN sobre el desafuero de García Cabeza de Vaca

El fiscal Alejandro Gertz dirigió un recurso de reclamación al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. La decisión del viernes del ministro González Alcántara establece que el gobernador sólo puede ser procesado penalmente cuando concluya en su cargo.
martes, 18 de mayo de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó este lunes la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la controversia constitucional contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero interpuso un recurso de reclamación al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para que el máximo tribunal determine si es desechado o turnado a la ponencia de algún ministro.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la SCJN, desechó el pasado viernes la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero de García Cabeza de Vaca.

Esta decisión mantiene el fuero del gobernador, debido a que el ministro estableció que las autoridades federales sólo pueden proceder contra García Cabeza de Vaca cuando éste termine su encargo.

González Alcántara destacó en su acuerdo que el Congreso de Tamaulipas, “en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional”, decidió no homologar la declaración de procedencia del desafuero que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Por lo que se estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo, considerando que el propio poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta”, añadió.

Para González Alcántara Carrancá, el Congreso de Tamaulipas acató la Constitución mexicana “en ejercicio pleno de autonomía” y “procedió como considero que correspondía, decidió no retirar la ‘protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal, a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, se determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”.

Por lo tanto, en estas condiciones, indicó, “lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo".

En su argumentación, el ministro sostuvo: "Se estima que no existe afectación en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo Promovente, pues para resentir un agravio era indispensable que se hubiera obstaculizado el ejercicio de su ámbito competencial o que éste se viera mermado, lo cual no se desprende del escrito presentado por el Poder actor ni de los antecedentes por él traídos a cuenta, porque, se insiste, en uso de sus atribuciones constitucionales, decidió no homologar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión".

En esas condiciones, el ministro consideró que lo procedente era desechar la demanda "por falta de interés legítimo", sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad.

El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de la FGR de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

Días después, el 10 de mayo, la FGR recibió información que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió respecto de las posibles responsabilidades penales del gobernador de Tamaulipas y sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, así como empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y diversas operaciones.

La FGR señaló que, al ser nuevas pruebas que recibieron las autoridades mexicanas, se “integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”.

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