Panaut

El IFT presenta controversia constitucional contra el padrón de usuarios de celulares

El Instituto Federal de Telecomunicaciones argumenta que "no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto”.
miércoles, 26 de mayo de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó una controversia constitucional contra diversas disposiciones contenidas en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que recopilará datos biométricos de las personas.

En un comunicado, el IFT informó que "no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto”.

El recurso constitucional del IFT se suma a la acción de inconstitucionalidad que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció el 27 de abril.

El Congreso, dice el comunicado, afecta e invade la esfera competencial del IFT, concretamente a sus atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos, ya que le impide cumplir con su objeto constitucional contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana.

Esto porque "le obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles".

En el caso del recurso que presentó el IFT señaló que la totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021, "están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador".

En ese sentido consideró que el ordenamiento legal "contraviene su autonomía presupuestal", que consiste en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada el 16 de abril, que crea el padrón con los datos biométricos de los usuarios, con información como la huella digital y el iris, está suspendida de forma indefinida desde el 27 de abril por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que considera que la norma "viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos".

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