Oaxaca

Piden a tribunales actuar con independencia en caso de magistrados impuestos por Murat

Organizaciones demandaron independencia judicial y paridad de género en Oaxaca, luego de que el gobernador Alejandro Murat interpuso una queja contra la suspensión de dos magistrados designados por él.
martes, 1 de junio de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil demandaron respeto a la división de poderes, independencia judicial y paridad de género en Oaxaca, luego de que el gobernador Alejandro Murat interpuso una queja en contra de la suspensión provisional de las funciones de dos magistrados del Tribunal de Justicia del Estado, designados por él, vulnerando la paridad de género, pues la convocatoria para una de las vacantes era para una magistrada.

En un comunicado de prensa, organizaciones no gubernamentales manifestaron que el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa tendrá una oportunidad histórica al resolver la queja del gobernador Murat, para “hacer valer la Constitución y Tratados Internacionales, confirmando el respeto al Estado de Derecho, a la autonomía judicial, a la división de poderes y al principio de paridad de género”.

Exigieron que los tribunales federales actúen con plena independencia judicial, sin permitir ningún tipo de injerencia política, tanto en la queja interpuesta por el Ejecutivo estatal como en el amparo que promovió la jueza Erika María Rodríguez Rodríguez, una de las aspirantes al cargo, en contra de las designaciones de Murat en complicidad con el Congreso local.

Apenas el 22 de marzo pasado se publicó en el Diario Oficial de Oaxaca una convocatoria para ocupar dos vacantes, una de magistrada y otra de magistrado en el Tribunal de Justicia del Estado.

Pese a que el Consejo de la Judicatura envió dos listas, una de ocho mujeres y otra de ocho hombres, para cada una de las vacantes, el gobernador propuso dos listas mixtas para las dos vacantes. Entre las candidatas propuestas por el Consejo de la Judicatura se encontraba la jueza Erika María Rodríguez Rodríguez, misma que fue incluida en una de las listas mixtas de Murat.

El 20 de abril siguiente, seis aspirantes de las ternas mixtas comparecieron ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca y se determinó el nombramiento de la jueza Rodríguez como magistrada. El paso siguiente era la aprobación en el pleno del Congreso.

Pese a ello, las organizaciones acusan que se produjo “un acto inexplicable y altamente cuestionado”, pues los diputados no convocaron a la sesión correspondiente en los 20 días siguientes, como marca la ley. Al vencer el plazo, el gobernador nombró a dos hombres para ocupar los cargos: Moisés Molina Reyes y Abraham Isacc Soriano Reyes.

“Estos actos, además de ser irregularidades dentro del proceso de selección, vulneran el derecho a una representación equitativa del género en los sistemas de justicia y el derecho de las mujeres a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, además del principio de igualdad y no discriminación por razones de género”, señalaron las organizaciones firmantes.

Además, recordaron la actual composición del Tribunal Superior de Justicia: 21 hombres y siete mujeres.

Tras la violación a sus derechos, la jueza Rodríguez promovió un amparo en contra de los nombramientos del gobernador, y el pasado 21 de mayo un juez federal concedió la suspensión provisional de los magistrados por resultar inconstitucionales.

Como ya se hizo mención, el gobernador oaxaqueño se quejó de la suspensión y ahora la decisión se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa.

Ante ello, decenas de organizaciones, entre ellas Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Asociación de jueces por la democracia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, pidieron que el gobernador del estado y los partidos políticos “se abstengan de interferir de manera inadecuada en el proceso”.

Por último, llamaron a las autoridades de Oaxaca a proteger la integridad de la juez y a abstenerse de ejercer cualquier acto de intimidación en su contra.

“El estado de Oaxaca y en general los poderes judiciales locales y el federal en México, requieren avanzar de manera efectiva hacia una paridad de género. Eso implica que los cargos que estén vacantes sean cubiertos únicamente con mujeres, hasta que se alcance dicha paridad”, expresaron.

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