Halconazo

ONU-DH México pide garantizar justicia y verdad para víctimas del Halconazo

“Reconocer las graves violaciones cometidas en el pasado es uno de los pasos más importantes para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares”, resaltó el representante de ONU-DH en México, Guillermo Fernández-Maldonado
jueves, 10 de junio de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 50 años del Halconazo o la Masacre del Jueves de Corpus, el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado recordó “estos crímenes hoy continúan en la impunidad”, y que las víctimas y los familiares “continúan buscando justicia”.

El 10 de junio de 1971, un grupo de paramilitares conocido como “los  halcones”, reprimieron a manifestantes en la avenida San Cosme, después de que habían salido de la Normal Superior, que salieron a expresar su apoyo a estudiantes de Monterrey. El saldo, no reconocido hasta ahora por el Estado mexicano, es de 120 jóvenes de entre 14 y 22 años asesinados. 

Al señalar que la represión social ocurrida el 10 de junio de 1971 se sumó a los agravios ocurridos en la Matanza del 2 de octubre de 1968, hecho que dieron inicio a la llamada “Guerra Sucia”, Fernández-Maldonado declaró que El Halconazo “es un recordatorio de esta época que denunciaba violaciones a derechos humanos, empleando la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial como estrategias para erradicarlos”.

El funcionario de la ONU-DH puntualizó que “estos crímenes continúan en la impunidad, tras cinco décadas, las víctimas y sus familiares continúan buscando justicia”, por lo que alentó a que casos como este no vuelvan a ocurrir.

“Reconocer las graves violaciones cometidas en el pasado es uno de los pasos más importantes para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares”, resaltó.

Fernández-Maldonado reconoció que la ONU-DH ha asistido al gobierno federal en el impulso a la “política de memoria y verdad sobre este tipo de crímenes en contra de personas pertenecientes a movimientos políticos y sociales”, esfuerzo que para el funcionario “merece todo el respaldo institucional para sentar las bases de buenas prácticas en el futuro”.

 

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