CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por petición expresa de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos fiscales reconocieron no estar preparados para litigar el caso, un juez de control ordenó aplazar la audiencia de imputación contra 20 exfuncionarios y funcionarios del sistema penitenciario federal, acusados de provocar un presunto daño a las finanzas gubernamentales por un monto de 62 mil 840 millones de pesos, debido a la firma de contratos con sobrecosto para la construcción y mantenimiento de ocho penales federales de mediana y alta seguridad.

Por estos mismos hechos ya existe una orden de aprehensión contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna.

A la petición de los fiscales se sumaron abogados defensores de casi la mitad de los imputados, argumentando que no habían tenido tiempo de revisar un expediente que abarca seis tomos y más de un centenar de anexos, derivado de que la FGR entregó las copias digitalizadas de la carpeta de investigación con apenas tres días de anticipación, por lo que era imposible para los litigantes conocer el contenido de la misma.

Ante las posturas coincidentes de una mayoría de los imputados con el planteamiento de la FGR, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Ganther Alejandro Villar Ceballos, reprogramó la audiencia de imputación para los 20 exfuncionarios de la extinta SSP y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) hasta el próximo 18 de octubre.

Sin embargo, un grupo reducido de defensoras y defensores de los servidores públicos investigados solicitó al juez de la causa celebrar la audiencia, además de poner en evidencia que la propia Fiscalía había sugerido aplazar la diligencia a los comparecientes cuando se les entregó copia del expediente, con el argumento de que era “demasiada información”.

“A diferencia de la Fiscalía, nosotros estamos listos para el debate”, advirtió la defensa de uno de los imputados. 

Regaño a la FGR

La resolución del juez incluyó un apercibimiento a los Ministerios Públicos de la Fiscalía para que no oculten información a los abogados de los 20 imputados por la firma de los contratos para la construcción de ocho penales federales con financiamiento privado, ya que la razón esgrimida por los acusados y sus defensas es que no tuvieron tiempo suficiente para revisar el contenido de la carpeta de investigación.

El juez Villar Ceballos advirtió que, si los fiscales de la FGR vuelven a impedir que los defensores conozcan de la carpeta, retrasando las copias o impidiendo su consulta directa al contenido de la misma, serían objeto de una multa económica y de presentación de una queja formal ante su superiores jerárquicos.  

Otro argumento que presentó la FGR para solicitar el aplazamiento de la audiencia fue la ausencia de uno de los imputados, debido a que los actuarios del juzgado no pudieron notificar del inicio del proceso penal al exdirector adjunto del OADPRS, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, en el domicilio que había señalado la Fiscalía.

De acuerdo con fuentes judiciales, en el domicilio indicado por la Fiscalía respondió un familiar del imputado, señalando que Rincón Gallardo Díaz se encuentra fuera del país, por lo que la FGR pidió un plazo de cinco días para localizar otra residencia del exservidor público.

Según la Fiscalía, la audiencia no se podía celebrar con la ausencia de un imputado, ya que los delitos que se les atribuyen están relacionados y conectados entre sí, por lo que todos los procesos penales deberían acumularse en uno solo.

En su respuesta, el juez Ganther Alejandro Villar advirtió que, si la FGR no logra localizar al imputado que logró evadir su citatorio para la comparecencia de este 23 de junio, va a celebrar la audiencia con los otros 19 exservidores públicos involucrados para no violar su derecho a la defensa.

Agregó que los fiscales federales tienen hasta el 18 de octubre para localizar un nuevo domicilio del imputado o para decidir si recurren a otros métodos, en alusión a que podían solicitar una orden de aprehensión para obligar a Rincón Gallardo Díaz para que se presente a la nueva audiencia de imputación.

Sobre la acumulación y conexidad de los procesos penales, principios que se refieren a la interconexión de las acusaciones contra todos los involucrados en un mismo hecho presuntamente delictivo, el impartidor de justicia advirtió que no se puede tomar una determinación de este tipo antes de que se conozcan los señalamientos precisos contra cada uno de los servidores públicos y exfuncionarios que estaban citados.

De acuerdo con el expediente, cuatro de los 20 imputados enfrentan cargos por el delito de asociación delictuosa, mientras que los 20 son acusados del delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades.

Según la carpeta de investigación, al momento de signar los contratos para la construcción y administración de los ocho penales federales de mediana y alta seguridad en los estados de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato, algunos de los ahora imputados autorizaron la firma con sobreprecios, provocando un presunto daño al erario por 62 millones 840 mil millones de pesos.

La lista de imputados incluye a los tres últimos coordinadores de penales federales, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, actualmente en el cargo, y a sus antecesores, el también general Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra, quien fue absuelta de otro proceso penal en su contra por la evasión de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal del Altiplano

También figuran en la acusación el exoficial mayor de la SSP cuando García Luna estaba al frente de la dependencia, Sergio Montaño Fernández; el excoordinador de Centros Federales en el sexenio de Felipe Calderón, Gonzalo Villarreal Guerra, y los exdirectores de Administración y Adquisiciones de la SSP, Arturo Sosa Viderique y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, respectivamente.

Igualmente comparecieron con sus defensas los dos últimos exdirectores generales de OADPRS, Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, quien incluso había ordenado la presentación de una denuncia previa sobre estos mismos hechos.

El resto de los imputados son los excoordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro; la exdirectora de Adquisiciones del OADPRS, Jannet Miriam Martínez Sánchez; y el exdirector de Apoyo Operativo del Órgano, Raúl Gerardo Lemus Soto.

Además, estuvieron en la audiencia otros exfuncionarios como Miguel Vital Hernández, Alma Delia Sánchez Ocampo, María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez, José Ariel Morales López y Javier de Haro Alva.

Entre los imputados se encuentran varios exfuncionarios que solamente firmaron convenios modificatorios para ampliar plazos o corregir errores de los contratos originales o primigenios.

Juez estricto con la defensa y la FGR

Desde el inicio de la audiencia de imputación, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Ganther Alejandro Villar Ceballos, fue estricto con todas las partes y les advirtió que nadie podía levantarse de su asiento y debían estar visibles en todo momento, ya que apagar la cámara o no salir a cuadro mientras estaba la audiencia era motivo de expulsión.