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La ASEA, a cargo de Ángel Carrizales, mostró debilidades de gobernanza que limitaron su eficacia: ASF

En 2019, López Obrador entregó la ASEA al exintegrante de su equipo de ayudantía, Ángel Carrizales López, después que el Senado lo rechazó para ocupar cargos en la CRE, en Pemex y en la CNH, en los cuales el presidente lo había propuesto a pesar de su evidente falta de experiencia.
jueves, 1 de julio de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) operó en gran parte sin lineamientos, mecanismos de evaluación, procesos de gestión integral y con manuales desactualizados, con lo que impuso una sola multa derivada de acciones de supervisión, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En conclusión de un extenso informe de auditoría de cumplimiento y desempeño, la ASF determinó que la ASEA “mostró debilidades en el modelo de Gobernanza por parte de sus órganos de gobierno” lo que “limitó la eficacia y eficiencia de sus operaciones, debido a las deficiencias en los mecanismos de regulación, conducción, gestión, control, medición y seguimiento” de sus actividades.

Ello, de acuerdo con el organismo fiscalizador, “podría propiciar la conformación de condiciones favorables para la discrecionalidad en la adopción de decisiones, la falta de certeza y transparencia de las operaciones, y la materialización de riesgos”.

En 2019, López Obrador entregó la ASEA al exintegrante de su equipo de ayudantía, Ángel Carrizales López, después que el Senado lo rechazó para ocupar cargos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en Pemex y en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en los cuales López Obrador lo había propuesto a pesar de su evidente falta de experiencia.

En aquel entonces, López Obrador aseveró que el joven, quien trabajó en la secretaría de Finanzas del Distrito Federal durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y posteriormente de Morena, había pasado la “prueba de confianza”; su nombramiento se hizo a pesar de Víctor Manuel Toledo, entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la dependencia de tutela de la ASEA.

La ASEA tiene la tarea titánica de vigilar y sancionar las afectaciones ambientales generadas por la extracción de hidrocarburos, y tiene a su cargo los 9 mil 300 pozos terrestres, las 250 plataformas marinas, las 12 mil gasolineras, las 111 terminales de almacenamiento, los 60 mil kilómetros de ductos, las seis refinerías y los nueve centros procesadores de gas natural que existen en México.

Para esta labor mayúscula, la ASEA contaba en 2020 con apenas 309 funcionarios de planta, 75 plazas menos que en 2019, pues sufrió una serie de recortes presupuestarios de 2016 a 2019.

Así, según la ASF la ASEA realizó mil 216 actos de supervisión en 2020, de los cuales mil 12 terminaron sin sanciones, 197 siguen en análisis, en seis presentó “multas e imposición de medidas” y en uno determinó una multa; en paralelo, la agencia realizó 256 investigaciones sobre 72 incidentes y accidentes operativos, y de sus actividades de inspección decretó 61 clausuras temporales, de actividades para empresas que infringieron alguna norma.

La ASF determinó que la ASEA no contó con “políticas, procedimientos, metodologías, guías actualizadas u otras disposiciones que garantizaran el proceso de evaluación para la salvaguarda de los recursos naturales y la eficaz regulación el sector hidrocarburos que le permitan reducir los riesgos relacionados con el impacto ambiental, los sistemas de administración de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental”.

La agencia tampoco tenía normas para evaluar “protocolos de respuestas a emergencias; residuos peligrosos; atmósfera, residuos de manejo especial de terceros, avisos de pozos, sitios contaminados, auditoría ambiental, cambio de uso de suelo, cierre, desmantelamiento y abandono, metano y línea base ambiental”, por lo que la ASF estimó que “se corre el riesgo de que la ASEA no cuente con elementos normativos suficientes para valorar las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)”.



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