CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Víctimas lesionadas y familiares de personas que fallecieron tras el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12, anunciaron que interpondrán una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra los gobiernos federal y de la Ciudad de México, por la falta de atención al caso.
           
A punto de cumplirse dos meses de la tragedia en la que 26 personas murieron y más de 90 resultaron lesionadas, Teófilo Benítez, representante de las personas afectadas, informó que la queja se presentará ante el organismo internacional aproximadamente en dos semanas.
            
En una conferencia a la que asistió Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovanni --una de las víctimas mortales de los hechos ocurridos el 3 de mayo--, el abogado explicó que la queja será porque las autoridades del gobierno capitalino les han puesto trabas a sus solicitudes de medios probatorios, así como de actos de investigación sobre el colapso de la llamada “Línea Dorada”.

Y acusó que tanto el gobierno local como el federal han hecho actos para desviar la atención en el tema central. "Estamos en estado fallido, es lamentable cómo el gobierno ha tratado de llevar a cabo actos o distracciones", dijo Benítez.

Consideró que, si bien Carlos Slim --el magnate dueño de Carso, una de las constructoras de la Línea-- va a rehabilitar el tramo colapsado, no se debe olvidar a las víctimas y sus familiares, quienes a dos meses de los hechos padecen secuelas emocionales, físicas, neurológicas y económicas.

La madre de Brandon pidió apoyo a los mexicanos “para que haya justicia… Pedimos que realmente la sociedad nos apoye, creo que quienes han perdido un hijo, un padre, un hermano, una madre, comprenden mi dolor", manifestó.
            
El pasado 17 de mayo, Tapia presentó una denuncia ante la Contraloría General del gobierno capitalino contra varios funcionarios, entre ellos los exjefes de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, y la actual mandataria Claudia Sheinbaum.
           
La queja ante la CIDH se sumaría a la denuncia administrativa que el despacho de abogados Carbino Legal, representante de al menos 18 víctimas, presentará ante la Contraloría General --dirigida por Juan José Serrano-- contra el gobierno de la Ciudad de México por el delito de daño patrimonial, como lo publicó Proceso en su edición 2330 que circula esta semana.