CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, urgió al Estado mexicano “garantizar la plena vigencia de los principios de igualdad y no discriminación en cuanto al disfrute de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como el derecho a la reinserción de aquellas personas que han recuperado su libertad”.

Fernández-Maldonado hizo el llamado en el contexto del Día Internacional de Nelson Mandela, a celebrarse el domingo 18 de julio, dirigido a promover condiciones de “encarcelamiento dignas” así como sensibilización de esta población por parte de la sociedad.

“Las personas privadas de la libertad, incluso cuando ya recuperaron su libertad, son estigmatizadas y discriminadas, lo cual obstaculiza su reinserción social”, apuntó el funcionario de la ONU-DH.

Fernández-Maldonado ejemplificó con la negación de acceso a empleo a personas con antecedentes penales, como una práctica discriminatoria, de ahí la relevancia de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideran el “carácter discriminatorio de las leyes que establecen la exclusión de personas con antecedentes penales para ocupar cargos públicos”.

Para Fernández-Maldonado las decisiones de la SCJN “son un importante paso para lograr revertir esta práctica discriminatoria, que genera graves afectaciones a las personas que recuperan su libertad y hace que la reinserción social que buscan se convierta en un objetivo inalcanzable”.

En ese sentido, el representante de la ONU-DH consideró que una vez establecidos los criterios judiciales, es urgente que “se traduzcan en campañas de comunicación y sensibilización y en políticas públicas que hagan realidad la erradicación de esta práctica discriminatoria, tanto en el ámbito público como en el privado”.

El representante recordó que tanto la Constitución mexicana como los principales tratados internacionales de derechos humanos “reconocen el derecho a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas”, así como el derecho a la reinserción social de personas privadas de libertad, para que una vez libres, se reintegren a sus familias y comunidades.

De ahí que “la utilización de los antecedentes penales es sólo un ejemplo de los medios por los cuales se estigmatiza y discrimina a este sector de la población”, insistió Fernández-Maldonado.