Pegasus Project

El movimiento social bajo estricta vigilancia

El gobierno de Peña Nieto trató de vigilar de manera masiva al movimiento social: entre 2016 y 2017, seleccionó en sus sistemas del spyware Pegasus los números de los teléfonos de decenas de defensores de derechos humanos en el país.
domingo, 18 de julio de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En el verano de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto se encontraba en un estado de crisis permanente. Al repudio general, producto de los escándalos de corrupción, se sumaban la imparable crisis de derechos humanos y el surgimiento de movimientos de resistencia en todo el país: en aquel momento, las autoridades tenían registro de por lo menos 256 conflictos sociales en México, detonados por megaproyectos energéticos, carreteros, mineros, aeroportuarios o hídricos, impuestos a las comunidades locales sin consulta.

Ante este panorama, el presidente Peña Nieto y su gabinete recurrieron a las prácticas autoritarias que caracterizaron su sexenio: desplegaron más militares en tareas de seguridad pública, reprimieron con violencia las manifestaciones, lanzaron campañas de descrédito y de criminalización contra los defensores de derechos humanos y desmintieron los informes de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para ocultar la terrible realidad de un país en el cual 161 defensores de derechos humanos fueron asesinados en sus seis años de mandato.

En paralelo, el gobierno de Peña Nieto trató de vigilar de manera masiva al movimiento social: entre 2016 y 2017, seleccionó en sus sistemas del spyware Pegasus los números de los teléfonos de decenas de defensores de derechos humanos en el país, entre ellas familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus abogados, líderes de organizaciones indígenas, opositores a megaproyectos –como los defensores del agua en Mexicali--, integrantes de organizaciones sociales campesinas u obreras, líderes sindicales y hasta sacerdotes.

Por lo menos 109 defensores de derechos humanos mexicanos figuran entre más de 50 mil datos telefónicos seleccionados por clientes de NSO en el mundo, los cuales fueron analizados por Proceso y los otros 16 medios de 10 países que colaboraron en el marco del Pegasus Project, una investigación colaborativa coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.

De hecho, la vigilancia, o posible vigilancia, no sorprende a muchas de las personas cuyos números aparecen en los registros de Pegasus, pues muchos fueron víctimas de seguimientos, allanamientos de casas, amenazas u otras acciones de hostigamiento a lo largo de los sexenios pasados.

Durante varios meses de investigación sobre el uso de Pegasus en México, en los cuales también se analizaron más de 15 mil registros telefónicos referentes a México --a los que tuvieron acceso Forbidden Stories y Amnistía Internacional en un primer momento--, los medios pudieron identificar, con alto grado de certeza, que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) lanzó la mayoría de intentos de espionaje ilegal contra activistas y defensores de derechos humanos.

Le siguió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que trató de espiar a activistas en zonas conflictivas, como Guerrero en Tamaulipas.

Varias fuentes de seguridad consultadas en el marco de esta investigación coinciden en que el Cisen y la Sedena podían hacer uso discrecional de sus herramientas de espionaje, pues las operaban sin pedir autorización judicial.

El Cisen
El Cisen y la Sedena podían hacer uso discrecional de sus herramientas de espionaje. Procesofoto.

Esto a pesar de que el software Pegasus es un potente instrumento que viola gran parte de la privacidad de las personas: el programa, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, envía a un servidor encriptado --supuestamente operado por una agencia gubernamental-- todos los datos de un dispositivo, incluyendo mensajes, sean SMS o Whatsapp, y correos; también capta la geolocalización, rastrea el historial de llamadas telefónicas, y puede tomar el control del micrófono y la cámara cuando lo desee, incluso en una llamada.

Resulta imposible afirmar que las selecciones de números documentados en esta investigación derivaron en ataques, y que éstos lograron instalar Pegasus en los teléfonos de sus víctimas. En aquel entonces –2016 y 2017--, la infección funcionaba cuando la víctima apretaba un vínculo malicioso enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico.

En el marco de esta investigación, los medios asociados buscaron por muchas vías distintas una manera de comunicarse con el expresidente Peña Nieto, entre ellos sus hijos, un exabogado, el PRI y excolaboradores. Algunos no contestaron, y otros dijeron que no tenían forma de hacerle llegar un cuestionario.

En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación, el senador ahora Miguel Ángel Osorio Chong, quien era titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en las fechas de las selecciones de números telefónicos –y por ende responsable del Cisen--, negó categóricamente y reiteradamente los hallazgos de esta investigación.

Afirmó que durante su gestión al frente de la Segob, “nunca se autorizó ni se tuvo conocimiento sobre la existencia o el uso del software al que se refieren”. También afirmó que “nunca se ordenó ni se tuvo conocimiento del uso de Pegasus contra nadie”.

Sin embargo, en un comunicado emitido en mayo de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que el Cisen operó Pegasus entre 2014 y 2017, y aclaró que ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –que sustituyó el Cisen-- ni la Guardia Nacional “cuentan con el servicio de la plataforma Pegasus”, ya que “el gobierno del Licenciado Andrés Manuel López Obrador decidió no renovar la licencia de operación”.

Este trabajo forma parte de una serie de reportajes que Proceso publicará a lo largo de la semana entrante en el marco de Pegasus Project, los cuales que exhibirán la magnitud del espionaje ilegal operado desde el gobierno de Peña Nieto.

Acoso a Ayotzinapa

De todos los movimientos sociales que surgieron durante el sexenio pasado, el que nació de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, desestabilizó al gobierno Peña Nieto hasta en sus fundaciones.

Éste exhibió un rostro autoritario e insensible: saboteó la investigación oficial y trató de darle carpetazo mediante la “verdad histórica” –construida con base en testimonios arrancados bajo tortura--; reprimió con violencia las manifestaciones que brotaban en todo el país para exigir justicia y verdad; se negó a colaborar y a seguir las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para indagar al Ejército, y revocó el mandato de los expertos de manera unilateral.

Aparte, el gobierno adoptó otra estrategia, más perversa, que consistió en vigilar y acosar a los actores centrales del movimiento: pretendió intervenir con Pegasus los teléfonos de al menos dos de sus víctimas directas, ambos familiares de normalistas: Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio –quien con el paso de los años se convirtió en una elocuente oradora-- , y Meliton Ortega, tío de Mauricio Valerio.

El gobierno pretendió intervenir con Pegasus los teléfonos de al menos dos de sus víctimas directas, ambos familiares de normalistas. Procesofoto.

Ortega ya tenía la sospecha de que las autoridades vigilaban sus comunicaciones: a veces escuchaba ruidos extraños y voces mientras estaba en llamadas telefónicas, y asumía que el gobierno lo espiaba. “Son absolutamente capaces de esto; yo soy un organizador, mi papel es comunicarme con diversas organizaciones e instituciones estatales y federales; entonces me hace sentido que me hayan atacado”, dice.

El Cisen y la Sedena también ingresaron los números de los tres celulares de Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán, una organización fundada en 1994 por el reconocido defensor Abel Barrera en Tlapa de Comonfort, en la región de La Montaña de Guerrero.

Vidulfo Rosales ya estaba siendo espiado desde tiempos atrás. A principios de 2016, conversaciones telefónicas privadas del abogado fueron filtradas a la prensa con el evidente objetivo de desacreditarlo, crear división en el movimiento y dañar su imagen pública; en una, se le escuchaba expresar a su pareja su enojo respecto a la actitud de algunos padres, de quienes habló mal.

En aquel entonces, el abogado acusó el gobierno de comanditar las escuchas, pero reconoció que no tenía pruebas. Sigue sin existir evidencias de que Rosales era ya una víctima de Pegasus a principios de 2016, pero los datos telefónicos analizados en el marco de Pegasus Project confirman que, a partir de 2017, fue blanco recurrente del software de NSO Group.

“Estábamos en esta lucha, entre exigir al gobierno continuar la investigación, continuar la búsqueda y obviamente el gobierno estuvo en la posición de ya investigamos, la verdad está dicha y lo que ustedes hacen es negar la verdad”, dice Rosales, en una entrevista realizada en el marco de esta investigación.

“El gobierno empezó una campaña de desprestigio contra expertos, padres de familia y representantes del GIEI, y a mi me tocó sufrir esa campaña de desprestigio, mediática, muy fuerte, hacia mi persona, de espionaje telefónico, intervinieron mis teléfonos y tergiversaron muchas conversaciones y las hicieron publicas para desprestigiar el trabajo que estábamos haciendo”, añade.

Abel Barrera también fue víctima de Pegasus. Al igual que a Rosales, la noticia no lo sorprende en absoluto, pues prácticamente desde su origen, es decir, décadas antes del auge de los teléfonos móviles, el centro que fundó ha sido blanco de un espionaje constante, que sigue a la fecha. “Hemos sido monitoreados, amenazados y nuestros teléfonos han sido interceptados desde 1996, cuando defendimos a un profesor torturado por las fuerzas armadas, que decían que era un guerrillero”.

El hombre recuerda haber recibido mensajes de texto extraños después que el Centro de la Montaña Tlachinollan anunció que acompañaría a los padres de Ayotzinapa en su búsqueda de la verdad. Sin embargo el teléfono que los recibió se encuentra bloqueado, sin forma ya de acceder a sus datos para confirmar la tentativa de infección.

El celular de Felipe de la Cruz Sandoval, otrora vocero de los padres –quien es ahora diputado por Morena, y pertenece al grupo del senador Félix Salgado Macedonio--, también fue seleccionado en varias ocasiones en la plataforma de Pegasus.

Ya en junio de 2017, el New York Times, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Citizen Lab revelaron que agencias del gobierno de Peña Nieto habían enviado mensajes maliciosos a Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, directivos de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que acompañó a los padres de Ayotzinapa.

En julio del mismo año, el New York Times publicó otro artículo, en el cual señaló que, en marzo de 2016, el gobierno de Peña Nieto había tratado de intervenir un número de teléfono que utilizaba el GIEI en el país.

En aquel entonces, el grupo atravesaba un momento complicado: en enero de ese año, el gobierno había emprendido una campaña de desprestigio en medios, y el 21 de febrero los expertos denunciaron que la PGR obstaculizaba su acceso a información, hasta que el 29 de marzo, la Secretaría de Gobernación (Segob), de la que era titular Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el gobierno no renovaría el mandato del GIEI en el país.

En abril, la relación se envenenó más, pues la PGR violó un acuerdo con el GIEI y reveló los resultados de un peritaje, y el 8 de ese mes, expertos y representantes del gobierno se confrontaron en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –de la que era secretario ejecutivo el mexicano Emilio Álvarez Icaza--, y el 24 de abril el grupo presentó a los padres de los normalistas su último informe, que marcó su salida del país, apenas seis días después.

Los datos de Pegasus Project muestran que, tres meses después de la salida del GIEI, el número de otro de sus integrantes fue seleccionado en la plataforma Pegasus de la agencia que parece ser el Cisen; sin embargo, dicho aparato no era un smartphone y la infección probablemente no funcionó.

El mismo gobierno tuvo como blanco, por las mismas fechas, a Álvarez Icaza, quien había salido de la CIDH y dirigía su movimiento político Ahora. En torno a la manifestación mensual de los padres de los normalistas en la Ciudad de México del 26 de abril de 2017, ingresó los celulares de Israel Núñez Delgadillo y Eduardo Navarro Padilla, respectivos líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, dos organizaciones que han acompañado las marchas capitalinas desde un principio.

Los datos de la Pegasus Project sugieren que, del verano de 2016 a 2017, el Cisen y la Sedena fueron las agencias que trataron de intervenir los celulares de los protagonistas de Ayotzinapa. En los años anteriores, durante los cuales el Pegasus Project no arroja datos, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) –otra operadora de Pegasus-- estaba a cargo del oscuro Tomás Zerón de Lucio, quien compró la plataforma a NSO.

El espionaje contra algunos protagonistas de Ayotzinapa se llevó a cabo en un contexto más amplio de vigilancia a actores sociales de Guerrero, entre ellos el activista David Cabañas Barrientos, hermano de Lucio Cabañas, el exestudiante de Ayotzinapa y célebre líder del movimiento guerrillero Partido de los Pobres, fallecido en 1974, pero también líderes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero o de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Defensores en la mira

Durante el sexenio de Peña Nieto, el Cisen estuvo atento a prácticamente todos los eventos que surgían en el país. Así, a principios de 2017, cuando la vecinos de Mexicali lanzaron un poderoso movimiento ciudadano en protesta contra una serie de megaproyectos impulsados por el gobierno del panista Francisco Kiko Vega de Lamadrid, entre los cuales la concesión de 20 millones de litros de agua anuales a la cervecera estadunidense Constellation Brands –un 44% del agua de la ciudad--, o un tiradero de 6 millones de toneladas anuales de residuos peligrosos llevado por empresarios amigos de Peña Nieto.

El 15 de febrero de 2017, bajo el lema Mexicali Resiste, nombre de una página de Facebook que exhorta a la rebeldía ciudadana, se llevó a cabo una manifestación de magnitud inédita en la capital de Baja California en rechazo a la intención de privatizar el agua para producir cerveza destinada al mercado de Estados Unidos.

Desde semanas antes, el gobierno federal ponía la lupa sobre actores sociales del estado. La agencia que parece ser el Cisen ingresó en su plataforma de Pegasus los celulares de León Fierro, vocero del movimiento, y de Fidel Sánchez –vocero de los jornaleros de San Quintín--, así como al líder local de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Marco Pacheco.

“A veces organizábamos alguna intervención rápida y sorpresiva, por ejemplo, sorprender algún funcionario o tomar edificios; (las reuniones) se hacían en un espacio alejado, y solamente estábamos quiénes íbamos a participar en la actividad. Y pues ya estaban preparados para recibirnos cuando intentábamos hacer eso; era inmediata la respuesta”, recuerda Fierro, en entrevista con Proceso.

El activista sostiene que, desde tiempos atrás, se sentía vigilado. Poco tiempo después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, su grupo acompañó a dos jóvenes normalistas de la escuela rural en una caravana. “Nadie debía saber nuestra ruta, nuestras ubicaciones, etcétera, por seguridad; solamente donde iban a ser las manifestaciones.  Y bueno, seguido sabían de nuestros planes”, dice.

“Es un hostigamiento, no solamente en el cual buscan frenar acciones del movimiento, sino que también da un mensaje de vigilancia, de espionaje, de sometimiento (…) Se siente la fuerza, la capacidad del Estado y del capital, que está manejando todo, prácticamente, porque en este caso hay una relación muy estrecha con la actividad de la cervecera Constellation Brands, y ahí se veía cómo se movían los hilos de la cervecera hasta los aparatos del Estado”.

Días previos a la manifestación, la misma agencia tomó como blancos los celulares de por lo menos 8 personas involucradas en el movimiento de resistencia, quienes eran ciudadanos comunes sin militancia conocida en otras causas; al mes, trató de intervenir el teléfono de Rigoberto Campos, líder estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), otro actor del movimiento.

En la primera mitad de 2017, una agencia gubernamental seleccionó con Pegasus a Carlos González García, integrante de la coordinación nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI) –al que pertenecen organizaciones indígenas, entre ellas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)-- y esposo de  María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, quien fue elegida para buscar una candidatura presidencial independiente en las elecciones de 2018, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) no validó su registro.

“No me sorprende, pues siempre el gobierno mexicano ha buscado el modo de espiar y de seguir los movimientos de aquellos que estamos en las luchas democráticas y de izquierda en este país”, comenta el hombre a Proceso, y recuerda un viaje en Guerrero, entre Iguala y Chilpancingo, en que “nos venía siguiendo gente que supimos que eran de Gobernación”, y resalta: “Siempre hemos percibido o tenido conocimiento de que somos vigilados”.

La misma agencia seleccionó el celular de Jorge Velázquez Escavalazeta, vecino de Amilcingo, Morelos, e integrante del Frente en Defensa del Agua y la Tierra, que se opone a la imposición de la hidroeléctrica de Huexca, parte del “Proyecto Integral Morelos” en la región. En la madrugada del 20 de febrero de 2019, el reconocido activista Samir Flores Soberanes, también integrante de la organización y opositor al megaproyecto, fue asesinado afuera su casa por hombres armados.

Prácticamente al mismo instante que trató de infectar el celular de González, la agencia con características del Cisen seleccionó los números de celulares de los hermanos Francisco y Alejandro Cerezo –fundadores del Comité Cerezo, que documenta las agresiones contra defensores de derechos humanos--, Nadin Reyes Maldonado, integrante del Comité de Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!, o el sacerdote Alejandro Solalinde, célebre defensor de derechos de personas migrantes.

La abogada Yésica Sánchez Maya, expresidenta de la filial en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDHH),  y actualmente Directora de Consorcio Oaxaca, aparece entre las posibles víctimas de Pegasus, y a través de ella, todas las personas y víctimas que ha acompañado en su labor de defensa de derechos humanos.

“Yo soy un núcleo que tiene muchos contactos con defensoras, con defensores, con líderes comunitarios y líderes sociales, pues obviamente la escucha no era solamente para ver lo que hacía, o el querer saber qué estábamos haciendo. Pienso que es bastante riesgoso, porque hay información de víctimas que se habla”, dice la mujer, quien ha sufrido varias acciones de hostigamiento desde 2006, como órdenes de aprehensión o robos de su computadora en su casa.

“Mi teléfono ha tenido comportamientos extraños, he tenido que cambiarlos dos veces; aplicaciones seguras que se ponían en doble vista, como con sombras. O luego, aplicaciones seguras de las que se robaban la información, o donde aparecía tres veces la misma pantalla. O llamadas que de repente se pierde, o hace un ruido como de casset”, recuerda.

El activista Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de los quien ha documentado casos de desapariciones forzadas en Tamaulipas, y ha acompañado familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, asesinadas por soldados de la Secretaría de Marina (Semar), también estuvo seleccionado en el plataforma Pegasus de agencias que parecen ser el Cisen y la Sedena.

Desde hace por lo menos tres años, el hombre ha denunciado campañas de desprestigio y amenazas en su contra, mediante páginas de redes sociales o reportes en la prensa que pretenden vincularlo y a su organización con el Cártel del Golfo. Apenas en enero de 2020, se filtró a la prensa el audio de una plática telefónica entre Ramos y un presunto delincuente.

Él siempre ha negado las acusaciones, y ha afirmado la Semar trata de desacreditar la labor de su organización, uno de los últimos centros de derechos humanos de aquella región azotada por la violencia; en una conferencia de prensa que protagonizó en junio de 2018 junto con Jan Jarab, entonces representante en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) y abogados del Centro ProDH, Ramos denunció que la Semar abrió una investigación sobre sus actividades bajo la primicia de que tenía vínculos con grupos criminales.

Al igual que otros defensores de derechos humanos, Ramos no está sorprendido de saber que fue espiado; de hecho, señala que cuentas de Facebook con seudónimos publicaron capturas de pantalla de su teléfono, le llegaban avisos de cambios de contraseña en Whatsapp, e incluso un día recibió un mensaje que un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) le mandó por equivocación, en el cual preguntaba si lo estaban siguiendo en ese momento.

“Desde 2011 tengo conocimiento del espionaje telefónico a mi persona, mi familia, mi oficina, pero con toda certeza de 2015 hacia acá (…) mi correo de Gmail, mis teléfonos, todo lo que tenga que ver con un medio electrónico, o una señal de Internet, yo estoy 100% seguro de que hay un espionaje permanente”, dice a Proceso.

“Tengo conocimiento que tanto inteligencia naval como inteligencia militar tienen interés en mi trabajo, y tienen ambas un espionaje permanente hacia mi persona, no solamente en mi teléfono personal, sino en mi oficina y en mi domicilio”, abunda el activista, quien dice que entre 2013 y 2015 mandó varios oficios al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y la Secretaría de Gobernación para avisar sobre la intervención telefónica en su contra.

“No hay privacidad, para mi y para mis familiares; es un riesgo constante de ser localizado en cualquier momento, en ser víctima de un atentado, de una privación de libertad. Ese es el riesgo de estar intervenido las 24 horas, ¿Verdad? En cualquier momento un funcionario o un particular al servicio del gobierno en turno, puede hacer de tu persona lo que quiera”, dice.

En el verano de 2016, no solo el sector progresista tenía reclamos hacia la administración. El sector católico más conservador estaba furioso contra Peña Nieto, específicamente por su iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario. Semana tras semana, editoriales de Desde la fe, la revista de la arquidiócesis de México, tronaban contra el mandatario y su gobierno, hablando de “traición” y de “puñalada por la espalda” a la Iglesia.

En una entrevista que dio a Proceso a finales de julio de 2016, el sacerdote Hugo Valdemar, director de Desde la fe, reveló que recibía fuertes presiones desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación (Segob), y que en una ocasión “recibimos una llamada telefónica de las oficinas de Presidencia; estaban molestos por una editorial que escribimos”.

El mismo Valdemar fue blanco de Pegasus poco antes del verano de 2017; en paralelo, la agencia seleccionó el número de Carlos Garfias Merlos, semanas después de tomar posesión como Arzobispo de Morelia.

Carmen Aristegui y Sebastián Barragán (Aristegui Noticias), Paloma Dupont de Dichenin (FS), Juan Omar Fierro (Proceso),  Nina Lakhani (The Guardian), Lilia Saúl (OCCRP) y Mary Beth Sheridan (Washington Post) colaboraron en la realización de este reportaje.

Comentarios