PROGRESO, Yuc. (apro).- En una audiencia judicial que tuvo lugar en el Centro de Justicia Oral de Progreso, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó por el delito de cohecho a todo el cuerpo edilicio que gobernó este municipio en el trienio 2015-2018.

Dicho cabildo lo encabezó el exalcalde José Isabel Cortés Góngora, un maestro que llegó al cargo postulado por el Partido Nueva Alianza.

También formaron parte del concejo: Enrique Ordaz Martínez, síndico; María del Carmen Villanueva Ávila, secretaria de la Comuna, y los regidores Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Enrique Núñez Castro y Jorge Méndez Basto.

Además, Gabriela Flores Chan, Margarita Peniche Linot y Jorge Casanova Simá.

En 2018 el alcalde Julián Zacarías Curi ordenó auditar las cuentas de Cortés Góngora tras detectar numerosas irregularidades administrativas, e interpuso las respectivas denuncias.

En un comunicado, el Poder Judicial del estado informó que, en la audiencia celebrada ayer ante la jueza de Control, Yadira Garrido Colonia, los fiscales “imputaron a 11 personas por su probable participación en hechos ocurridos en 2016”.

Se explicó que, “derivado del proceso de entrega recepción entre las administraciones municipales saliente (2015-2018) y entrante (2018-2021), se obtuvo información respecto de diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa” cuya razón social se mantuvo en reserva.

De tales revisiones se estableció que el 23 de diciembre de 2016, a eso de las 23 horas, en sus funciones como regidores del ayuntamiento progreseño, los ahora imputados, estando en la Sala de Cabildo, recibieron cada uno 110 mil pesos en efectivo.

Dicho pago fue “para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del cabildo”.

En la diligencia judicial, los fiscales especializados en combate a la corrupción solicitaron a la jueza de Control resolver la situación jurídica de los imputados, pero estos pidieron la duplicidad del término constitucional, lo cual les fue concedido, por lo que la audiencia de vinculación se programó para el próximo lunes 12.