CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones defensoras de personas migrantes expresaron hoy su indignación contra el “nuevo acuerdo migratorio” pactado entre los gobiernos de México y Estados Unidos, a través del cual las autoridades del país vecino del norte expulsan a centroamericanos y los llevan a municipios de la frontera sur de México.

Desde ahí, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y soldados de la Guardia Nacional trasladan a esas personas hacia Guatemala, abandonándolos en la localidad fronteriza más cercana.
           
Las organizaciones exigieron al gobierno mexicano que “aclare públicamente la operación de estas acciones y bajo qué acuerdos se ha determinado realizarlas”, e insistieron en su obligación de garantizar el derecho de las personas a solicitar asilo en México o en otro país.
           
De acuerdo con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el primer vuelo proveniente de McAllen, Texas, salió el pasado lunes 9 y llegó a Tapachula, Chiapas, con personas expulsadas bajo el Título 42, una de las medidas antiinmigrantes implementadas durante la administración de Donald Trump. A su llegada, las personas fueron trasladadas y soltadas en el municipio de Talismán, en Guatemala.
         
El Colectivo, que aglutina a decenas de reconocidas organizaciones defensoras de derechos humanos en la frontera sur, advirtió que más aviones provenientes de Estados Unidos y de otras regiones de México estarían llegando a ciudades del sureste mexicano con migrantes expulsados a bordo, quienes a su desembarque son llevados hasta el punto fronterizo de Guatemala más cercano, por agentes del INM y soldados de la Guardia Nacional.

Lo anterior, según el Colectivo, se observa “tras el anuncio de la administración de Joe Biden de acelerar las expulsiones por Título 42”, y recalcó que “desde la semana pasada medios como Reuters habían reportado el inicio de estos vuelos como parte de una estrategia para disuadir los cruces y evitar el aglomeramiento de personas en la frontera norte de México y los centros de detención en Estados Unidos”.
 
Durante la administración de Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –a través del canciller Marcelo Ebrard Casaubón-- aceptó desplegar soldados de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para impedir el paso a las personas que huyen de Centroamérica, como moneda de negociación ante las amenazas del magnate de imponer aranceles a los productos mexicanos.
            
El canciller Marcelo Ebrard también pactó la implementación de los Protocolos de Protección a Migrantes, mejor conocidos como el plan “Quédate en México”, a través del cual las autoridades estadunidenses expulsaron a México a decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos para que esperaran de este lado de la frontera a que un tribunal de migración determinara su suerte.