Veracruz

Acusan al gobierno de Cuitláhuac García de mantener como "preso político" a exfuncionario de Yunes

Roberto, hermano de Bernardo Segura Molina, ex subsecretario de Finanzas y Administración de Veracruz, asegura que su familiar es otro “preso político” del gobierno del morenista, Cuitláhuac García pues el exfuncionario de Yunes ha ganado todos los amparos y sigue en prisión.
viernes, 13 de agosto de 2021

XALAPA, Ver. (apro).- Bernardo Segura Molina, exsubsecretario de Finanzas y Administración del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares se encuentra en prisión desde el 11 de octubre del 2019. A Bernardo primero lo acusaron de ejercicio indebido del servicio público y luego de abuso de autoridad, a través de su defensa ha ganado todos los amparos.

En entrevista, su hermano, Roberto Segura Molina asegura que es otro “preso político” del gobierno del morenista, Cuitláhuac García Jiménez pues el exfuncionario de Yunes ha ganado todos los amparos federales y entre la Fiscalía General y el Poder Judicial del estado insisten en tenerlo en prisión. 

“Un juez federal pidió el cumplimiento inmediato del amparo, no se dio porque pretextaron vacaciones. Volvieron, y un juez local volvió a dictar prisión preventiva, pese a que un juez federal advierte muchas violaciones en el proceso”, señala Roberto Segura.

Apenas ayer, al exsecretario de Gobierno de Yunes, Rogelio Franco Castán, en prisión desde marzo de este año, le volvieron a dictar una nueva orden de aprehensión ahora por los delitos de extorsión y abuso de autoridad en “agravio” del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del priista, Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, conocido al interior de la corporación como “Capitán Tormenta”.

El jueves, en rueda de prensa, el presidente estatal del PRD Sergio Cadena aseguró que hay un “entramado doloso” para que Rogelio Franco no asuma la diputación federal plurinominal en septiembre próximo al dejarlo en prisión.

Para Cadena el encarcelamiento de Rogelio Franco es un “pago de favores” del gobierno de Morena a los amigos del exgobernador priista, Javier Duarte.

Roberto Segura cuyo hermano lleva casi 22 en prisión fustiga que por la vía legal ya han agotado todas las instancias legales para que su hermano continúe su proceso legal en libertad, pues ha quedado claro que el exsubsecretario de Finanzas y Administración no cometió delito alguno. 

“Hay un juicio muy parcial, tiene muchas contradicciones el proceso al que ha estado sujeto mi hermano y sabemos que es por exigencia del gobierno del estado”.

“Mi hijo es un chivo expiatorio, un preso político. Ya es un abuso de autoridad, mi hijo ni la debe, ni la teme, lo tienen secuestrado, ya no sé a quién recurrir, estoy desesperado”, expone Bernardo Segura, padre del exfuncionario de Sefiplan.

A Segura Molina lo acusaron de ejercicio indebido del servicio público y de abuso de autoridad, aunque lo quisieron ligar a un mal manejo de 250 millones de pesos recuperados por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) al gobierno del priista, Javier Duarte, y entregados a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para ser utilizados “preferencialmente” en el sector salud, como lo mandataba el número extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado impresa el 3 de julio del 2017, expone Roberto Segura.

-¿Por qué tanta saña con su hijo?

-Es un chivo expiatorio, como no pueden agarrar al exfiscal, Jorge Winckler y “entambarlo”, mientras que mi hijo, que ni político es, que siga en la cárcel.

El 19 de octubre del 2019, la FGE liberó cuatro órdenes de aprehensión en contra de la extitular de Sefiplan, Clementina Guerrero García, y de sus exsubordinados, Adrían Viccón Basto, Francisco Virués Hernández y Bernardo Segura, la Fiscalía solo hizo efectiva la última.

El caso de Clementina Guerrero incluso fue peculiar, pues a ella ni siquiera la detuvieron, solo tuvo una salida decorosa de la Tesorería del Ayuntamiento de Xalapa, a cargo del morenista, Hipólito Rodríguez Herrero.

“Mi hijo va para dos años en prisión, con investigaciones complementarias y prisión preventiva oficiosa, nuevas órdenes de aprehensión y no le han podido encontrar responsable de nada. Peor aún, obtuvimos amparos federales (1009/2019 y 90/2020, en poder del reportero) que consideran que las presuntas irregularidades cometidas por el servidor público no son graves, por lo que no debería de continuar en prisión.

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