CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, a conmemorarse el 30 agosto, decenas de colectivos de familiares de desaparecidos, organizaciones sociales y activistas, exigieron al Estado mexicano medidas de protección para personas dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, así como una visita “impostergable” del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED).

En un comunicado, los firmantes recordaron asesinatos de buscadores ocurridos en los últimos meses: el de Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato, el 29 de mayo; Aranza Ramos, de Ortiz, Sonora, ocurrido el 15 de julio, y de Nicanor Pérez, de Zacatecas, ejecutado el 22 de julio.

Esos casos, “son muestra del horror y la fragilidad, en términos de seguridad, en los que se desarrollan las búsquedas de personas desaparecidas”, destacaron los activistas, al resaltar que los homicidios no son atendidos “con la debida diligencia por parte de las autoridades competentes”.

Recordaron que las personas y colectivos que realizan acciones de búsqueda de personas desaparecidas, “ejercen esta actividad en un contexto de constante omisión estatal y como una reivindicación indeclinable de su derecho a buscar, a la memoria, al acceso a la justicia y en exigencia del establecimiento de eficaces garantías de no repetición”.

Los firmantes exigieron al Estado “instrumentar medidas de protección para todas las familias en riesgo por su labor de buscadoras, en estricta consulta con ellas mismas”, así como investigar exhaustivamente “todos los ataques desde el enfoque de análisis de contexto”.

Al gobierno federal, pidieron “elaborar y adoptar una política pública integral de protección de personas defensoras y periodistas que garantice la no repetición de estos sucesos que hoy tienden de manera preocupante a constituirse en un patrón inaceptable para nuestro país”.

Urgieron además “atender la crisis de desapariciones en el país, incluyendo la implementación efectiva de la Ley General contra Desaparición, la instalación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), la investigación de los casos y la transformación de los servicios forenses ordinarios para garantizar su fiabilidad”.

Ante los registros oficiales de 90 mil personas desaparecidas, las organizaciones, colectivos y activistas consideraron que esta crisis hace “impostergable la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés)”.

Los firmantes consideraron que la transformación de México “debe estar enfocada en la construcción de paz y en la garantía de buscar, encontrar, restituir y permitir que las familias puedan reconstruir sus vidas con garantías de verdad, justicia, no repetición y memoria”, para lo cual es necesario “garantizar su seguridad tanto en la búsqueda. en su comunidad y en su vida diaria”.

Los integrantes de la sociedad civil llamaron a “generar condiciones adecuadas para un diálogo que permita construir una política pública integral que fortalezca el trabajo del Estado en favor de las víctimas y quienes les acompañan, que se atienda la agenda integral en materia de desaparición sin que esto implique un riesgo para quienes caminan en esta lucha, y para que todas y todos puedan encontrar a sus seres queridos en condiciones de seguridad y protección”.

Firmaron el comunicado colectivos de familias buscadoras y organizaciones que los acompañan como la Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Nacional de Comunicación Social, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Data Cívica, Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Impunidad Cero, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Servicios y Asesoría para la Paz, entre otros.