CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de la Unión aprobar la ley reglamentaria de revocación de mandato dentro de los 30 días naturales posteriores al 1 de septiembre próximo.

En sesión efectuada este miércoles determinó que las cámaras Baja y Alta, así como el Poder Ejecutivo federal, desoyeron el mandato constitucional de expedir en el plazo establecido la ley reglamentaria de revocación de mandato.

Y también declaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene facultades para expedir lineamientos mientras no exista la norma.

La magistrada Mónica Soto señaló que es la primera vez que el TEPJF ordena legislar sobre este este asunto, del que se discutieron dos proyectos: uno promovido por Morena, en el que denunció la omisión del Congreso de la Unión de legislar en materia de revocación del mandato, y otro de la asociación civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en el mismo sentido.

Ambos proyectos fueron acumulados y aprobados por mayoría de seis votos a favor y uno en contra de la magistrada Mónica Soto. Se agregó una propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para que de manera expresa se señale que el INE tiene facultades para emitir lineamientos en caso de subsistir omisiones legislativas.

“De manera que, ante el eventual incumplimiento del legislador, en los plazos establecidos en el proyecto el INE podrá emitir conforme a sus atribuciones constitucionales los lineamientos atinentes para instrumentar el proceso de revocación de mandato; con esta técnica se evita una lesión irremediable de los principios y valores constitucionales”, señaló el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del TEPJF.

El magistrado José Luis Vargas apoyó la propuesta del magistrado Reyes Rodríguez para que el INE pueda desarrollar trabajos complementarios mientras no exista la ley reglamentaria de revocación de mandato.

El Consejo General del INE prevé sesionar el próximo viernes 27 para emitir los lineamientos, ante la omisión legislativa de contar con la ley reglamentaria en la materia.