Corrupción

FGR, órgano con la mayor impunidad administrativa: Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción

La impunidad administrativa en el Poder Ejecutivo se redujo de 92.25% en 2018 a 84.80% en 2019, y en ese mismo periodo también bajaron considerablemente las denuncias.
martes, 3 de agosto de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, que dirige Federico Reyes Heroles, presentó un informe sobre la impunidad administrativa, y ubicó a la Fiscalía General de la República (FGR) como la institución que presenta el mayor problema. 

Al analizar la información proporcionada por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la FGR, la organización señala que la impunidad administrativa global a nivel federal fue de 80.69% de 2014 a 2019.

En la parte de su informe titulada Impunidad Cero, destaca que el Poder Judicial es el que mejor sanciona a sus servidores públicos y registra 14.56% de impunidad, mientras que la entidad federal con mayor impunidad administrativa es la FGR, con 100%.

La impunidad administrativa en el Poder Ejecutivo, agrega, se redujo de 92.25% en 2018 a 84.80% en 2019, y en ese mismo periodo también bajaron considerablemente las denuncias.
    
El estudio “La Impunidad Administrativa en México. La ineficiencia del sistema que genera impunidad”, a cargo de Luis Darío Ángeles González, identifica los canales de denuncia, queja y reporte de faltas administrativas; estudia los métodos de los órganos encargados de investigar y sancionar estas conductas; analiza cómo se sistematiza esta información por parte de las instituciones encargadas de hacerlo; y evalúa cómo se sanciona cualquier conducta irregular de las personas servidoras públicas, de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y las fiscalías, a nivel estatal y federal.

En México –abunda-- existen diversas vías con las que se pueden sancionar conductas inadecuadas por parte de los funcionarios públicos. Uno de estos mecanismos es el sistema de responsabilidades administrativas, diseñado para investigar y sancionar las irregularidades que puedan cometer las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones.
     
“Esto es porque en el momento en que una persona servidora pública no realiza alguna de sus funciones de forma correcta o se beneficia de ellas indebidamente, comete una falta administrativa que afecta el buen funcionamiento de la administración pública. Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, como puede ser el abuso de funciones, generan faltas administrativas sancionables”, sostiene el estudio. 

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