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Agencias de la ONU demandan investigación por agresión contra migrantes en Chiapas

Para los organismos lo ocurrido el pasado fin de semana, "es una muestra más de la necesidad de fortalecer la capacidad de COMAR para los procesos de asilo y de establecer alternativas migratorias que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes".
martes, 31 de agosto de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los abusos cometidos este fin de semana en la frontera sur de México por integrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) en contra de personas migrantes, agencias de Naciones Unidas (ONU) urgieron a la investigación y sanción de los responsables por los abusos cometidos, así como a la cadena de mando.

En el pronunciamiento firmado por la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconocieron “la actuación del INM en suspensión de funciones y la aplicación de medidas para la investigación de funcionarios que estarían involucrados en acciones que implicaron un uso excesivo de la fuerza”.

Tras dar cuenta de la creciente presencia de personal de INM y de la Guardia Nacional en la frontera sur de México “con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio”, las agencias de la ONU llamaron a la aplicación de “medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas, y avanzar con la investigación de los casos de violaciones de uso de la fuerza y sancionar a quienes resulten responsables”.

Al manifestar su preocupación por la actuación de personal de la dependencia “haciendo uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo -incluyendo niñas y niños-, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional”, las agencias de la ONU consideraron que la investigación que se lleve a cabo, “se deben tomar en cuenta los informes sobre uso  de la fuerza, los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes operativas bajo las cuales desplegaron a sus elementos, y deben incorporar la perspectiva de género”.

En el comunicado conjunto, apuntaron que la situación se agrava ante las denuncias sobre amenazas contra defensores de derechos humanos que están documentando los abusos contra la población migrante, siendo que “su labor de defensa es fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo”.

Para los organismos de la ONU “lo ocurrido en Chiapas el pasado fin de semana es una muestra más de la necesidad de fortalecer la capacidad de COMAR para los procesos de asilo y de establecer alternativas migratorias que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, en línea con el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), el pacto Mundial para los Refugiados y el Pacto Global para una Migración Segura Ordenada y Regular, del que México es parte y país campeón”.

ACNUR, OIM y ONU-DH reiteraron a las autoridades que en los controles migratorios es necesario “identificar de manera efectiva a las personas que tienen necesidades de protección y bridar acceso a las protecciones pertinentes para lo cual resulta fundamental ofrecer alternativas de migración regular para personas que no necesitan protección internacional, con el fin de no sobrecargar los sistemas de asilo”.

Las agencias insistieron en que las políticas de control migratorio “deban aplicarse a la luz de estándares internacionales de derechos humanos, en especial, los relativos a la protección de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, independientemente de su estatus migratorio, y los relativos al uso de la fuerza”.

Recordaron que para el derecho internacional, “el uso de la fuerza es una medida excepcional que debe regirse por los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, precaución no discriminación y rendición de cuentas, atendiendo a la perspectiva de género y la protección de niñas, niños y adolescentes”.

ACNUR, OIM y ONU-DH reiteraron su disposición a brindar asistencia y cooperación técnica al Estado mexicano, en la aplicación de estándares internacionales “en la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a la Guardia Nacional y autoridades migratorias, particularmente durante su actuación con grupos en situación de especial vulnerabilidad”. 

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