MONTERREY, N. L. (apro).- Siete policías activos del municipio conurbado de San Pedro fueron detenidos esta mañana en relación al secuestro de una persona a la que entregaron a personas armadas, que luego pidieron dos millones de pesos a sus familiares, informó la Fiscalía Antisecuestros del Estado.

No hubo pago de rescate y la víctima se liberó por sus propios medios, lo que permitió que presentara la respectiva denuncia.

Los detenidos son agentes en activo identificados como Cristina Guadalupe, 35 años de edad; Jorge Alberto, 32; Urías Jahaziel, 34; Luis Antonio, 35; Jesús  Eduardo, 20; Oziel Alejandro, 27; Oscar Eduardo, 35.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el pasado 22 de julio hubo un reporte de daños en un domicilio en el centro de San Pedro, lo que provocó la movilización de los agentes quienes, en lugar de hacer labor preventiva, privaron ilegalmente de la libertad por unas horas a la víctima del incidente.

Luego entregaron a esta persona a secuestradores quienes pidieron a los allegados del cautivo la cantidad referida, a cambio de su liberación.

Después de escapar de manera no especificada, y presentar la denuncia del delito, la Fiscalía Especializada Antisecuestros abrió una carpeta de investigación y efectuó hoy un operativo simultáneo en diversas sedes de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro, donde gobierna el alcalde sin partido Miguel Treviño.

Los uniformados fueron detenidos por mandato del Juez de Control del estado a petición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros.

De acuerdo al comunicado oficial, el municipio sampetrino aportó la información solicitada por los investigadores y colaboró para el esclarecimiento de los hechos.

En julio de este año, la Encuesta Nacional de Seguridad publicada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), al primer trimestre del año San Pedro fue considerado el municipio más seguro del país.

“Esta representación social reitera su compromiso de coordinación y colaboración con las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, actuando con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta conducta. Conforme a la ley, los imputados se consideran inocentes hasta que un juez los declare culpables por sentencia ejecutoriada”, concluye el comunicado.