ESPECIAL DE INDEPENDENCIA

La libertad de imprenta en el proceso independentista

En el camino hacia la consumación de la independencia, la prensa se erigió en un componente fundamental como formadora de opinión pública, pero también como transmisora de los debates y del nuevo universo semántico político que comenzó a gestarse una década atrás.
jueves, 16 de septiembre de 2021

En el camino hacia la consumación de la independencia, la prensa se erigió en un componente fundamental como formadora de opinión pública, pero también como transmisora de los debates y del nuevo universo semántico político que comenzó a gestarse una década atrás; a ello contribuyó de manera decidida la libertad de imprenta que por primera vez se permite en 1812, durante 66 días, y luego a partir de junio de 1820.

Si bien el 10 de noviembre de 1810 fue decretado este derecho, en Nueva España se permitiría por primera vez la publicación de las ideas políticas hasta el 5 de octubre de 1812. Esta libertad duró sólo dos meses (del 5 de octubre al 5 de diciembre), pues el entonces virrey Francisco Xavier Venegas lo prohibió con el argumento de que permitía a los insurgentes difundir sus ideas. En ese breve lapso varios autores probaron esta nueva libertad con la publicación de periódicos y papeles sueltos, entre ellos quien había sido director del Diario de México, Carlos María de Bustamante, con el Juguetillo, y José Joaquín Fernández de Lizardi con El Pensador Mexicano, que después emplearía como seudónimo.

En el número 9 de este impreso, el escritor, al tiempo de felicitar a Venegas por su cumpleaños, le pedía revocar el bando por el cual ordenó tratar por igual a los eclesiásticos insurgentes aprehendidos y respetar el fuero de los prelados. Esto fue motivo para que Fernández de Lizardi fuera encarcelado durante siete meses y la libertad de imprenta suspendida. Después, en 1814, a su regreso al trono, Fernando VII abolió la Constitución, y con ésta una serie de libertades y derechos, entre ellos el de imprenta.

Efervescencia de la prensa: los papeles sueltos

Sería hasta el levantamiento de José Riego y Quiroga en la península que la Carta gaditana se restituiría y con ella esta libertad, decretada en junio de 1820. A partir de esta fecha se registra una explosiva publicación de papeles sueltos, es decir, un tipo de impresos sin periodicidad fija, la mayoría editados entre cuatro y ocho páginas, tamaño carta, escrito por un solo autor, muchas veces anónimo o firmado con seudónimo, en el cual se opina de los sucesos políticos del momento.

Herederos de las prácticas hispanas de los romances de ciego o de la literatura de cordel, los escritores públicos recurren a este formato de impreso porque su empleo es popular y se produce a bajo costo. Al igual que en España, son impresos en papel de baja calidad o de “segunda”, con tipos y caracteres gastados por el tiempo, publicaciones que, a diferencia de una periódica, no requieren de la anuencia del editor o del director para publicar sus ideas; bastaba con que llevaran su escrito a la imprenta para difundir sus ideas, sin mayor restricción que la acotada por la ley vigente en la materia.

De un análisis realizado a dos repositorios, la Colección Lafragua y la Colección Sutro, tras discriminar otro tipo de publicaciones que también se imprimían en un formato y número de páginas similar (entre ellos, oraciones fúnebres, decretos, edictos y sermones), se encuentra que al menos en la capital de la Nueva España, de junio a diciembre de 1820, se publicaron 457 papeles sueltos (sin que estas sean cifras exhaustivas), mientras que en ese mismo año sólo se registran los periódicos El Noticioso General y El Conductor Eléctrico y, en Puebla, La Abeja Poblana.

En 1821 se publican 364 y surge un periódico más, El Sol, además de que El Noticioso General cambia de nombre a la Gaceta Imperial. En 1822 se encuentran 460 papeles sueltos; en contraste, sólo se imprimen las periódicas La Abeja de Chilpancingo, La Sabatina Universal y El Fanal del Imperio Mexicano (mensual), en tanto que El Sol deja de editarse para hacerlo de nueva cuenta en 1823 junto con El Águila Mexicana, El Federalista y El Cenzontli. En este último año se observa un descenso en la impresión de los papeles sueltos, de los cuales se editan sólo 249.

Este universo de publicaciones periódicas y no periódicas, donde se podían abordar temas políticos, estaba sujeto a la Ley del 12 de Noviembre de 1820 sobre Libertad de Imprenta, la cual señala en sus 35 artículos los casos en que un escrito podía abusar de este derecho, así como su respectivo castigo. Así, se consideraba subversivo el impreso que conspirara directamente contra la religión católica o la monarquía; según la gravedad, el autor o editor calificado de subversivo en primer grado sería castigado con la pena de seis años de prisión; en segundo grado con cuatro años, “y el de sedición se impondrá al culpable la pena dupla correspondiente al grado en que se verifique dicha reincidencia”.

En tanto, los escritos en que se publicaran ideas dirigidas a excitar la rebelión o la perturbación de la tranquilidad pública se calificarían con la nota de sediciosos, siguiéndose la misma graduación que los subversivos. Por su parte, las obras escritas en lengua vulgar que ofendieran a la moral y decencia pública se calificarían como obscenas o contrarias a las buenas costumbres, y los escritos en que se vulnerara la reputación o el honor de los particulares, tachando su conducta privada, se registrarían como libelos infamatorios.

Esta normatividad pronto llevó a la actuación de las Juntas de Censura, que se encargaban de la averiguación, calificación y castigo de quienes abusaran de esta libertad, las que, al menos en seis casos en el último trimestre de ese año previo a la consumación de la independencia, activaron sus resortes. Cinco de sus autores fueron enviados a la cárcel por sedición y subversión, y uno, calificado de libelo infamatorio, por lo que se prohibió su reimpresión y se recogieron los ejemplares en diversas partes del territorio novohispano.

Uno de los primeros de quien se tiene registro fue Rafael Dávila por La verdad amarga, pero es preciso decirla, impreso en el cual habla del trato y desaires que sufrían los representantes novohispanos en las Cortes peninsulares; Luis Antepara por Constitución o muerte, en cuya publicación fustiga a los detractores de la Carta Magna; José Gregorio de Torres Palacios por el papel Al que le venga el saco que se lo ponga. Carta al Pensador Mejicano. Por varios rumbos, y distintos modos, que se cumpla la ley, queremos todos, en el que denunció las arbitrariedades cometidas en la aprehensión de Dávila.

También fue a parar a la cárcel Francisco Granados Maldonado por Las zorras de Sansón, en donde hacía hincapié en que la tardanza en la aplicación de la Constitución se debía a los serviles, el grupo que se oponía al constitucionalismo gaditano. Otros papeles que, por ser calificados de infamatorios o injuriosos, sus ejemplares únicamente fueron recogidos, según lo estipulado en el reglamento de imprenta, fueron El liberal a los bajos escritores de Félix Merino, además de La mujer constitucional. Verdadera explicación de la voz independencia de Juan Bautista Morales y el suplemento al Noticioso General, del 27 de septiembre de 1820.

A la par que la reglamentación en la materia se empleaba para acallar las opiniones, otro grupo de la élite letrada novohispana denostaba los papeles sueltos, a sus autores y sus contenidos, pues reclamaba que estos “papelistas” y sus textos no cumplían con el objetivo de “ilustrar”; se consideraba a sus autores seudofilósofos y “autorcillos”, muy lejanos de la educación y cultura de quienes sí eran doctos. Había un abierto rechazo a quienes no cumplieran ni con el fin pedagógico ni con la imagen “ideal” del escritor público, esto es, un hombre con una vasta educación.

La prensa trigarante y su apoyo a Iturbide

A principios de 1821, tras la emisión del Plan de Iguala y el inicio del movimiento trigarante encabezado por Agustín de Iturbide, el tema de la independencia comienza a ser abordado por los autores de forma cautelosa, sobre todo porque ya se habían registrado casos de escritores acusados de sedición. Uno de ellos fue el de El Pensador mexicano, quien reflexionó sobre el tema en su papel Chamorro y Dominiquín. Diálogo jocoserio sobre la independencia de América.

En él, dos personajes discuten sobre la independencia y la religión. Chamorro, en un tono pedagógico, instruye a su interlocutor sobre lo que se dice y piensa del tema: “¿Qué es independencia? […] Es la separación de este reino de España o la substracción de su dominación; de suerte que ya se ha visto tratado como colonia por trescientos años, se vea como nación soberana e independiente de otra alguna”. Su autor fue puesto en la cárcel y, casi de inmediato, también denunciaron su Contestación de El Pensador a la carta que se dice dirigida a él por el coronel Don Agustín de Iturbide, ambos calificados por la Junta Provincial de Censura como sediciosos.

Casos como éste y la prohibición de voceo de los papeles sueltos señalan la actitud de la autoridad política hacia la rápida y amplia difusión de las ideas que favorecían la independencia; de ahí que en esas semanas posteriores a la emisión del Plan de Iguala, muchos autores escribieran del tema con cautela. El jefe político de Nueva España, José Francisco Ruiz de Apodaca, estaba consciente que uno de los mejores conductos para diseminar la emancipación y los planes de Iturbide lo estaban representando esos impresos, que además circulaban por todas partes gracias a los muchachos vendedores que los gritaban en plazas y portales. Esto condujo a emitir un bando el 9 de marzo de 1821, prohibiendo su expendio por las calles bajo el argumento de que con “los gritos y molestas inoportunaciones incomodan a este fiel y respetable vecindario”. En adelante los impresos sólo podrían venderse en puestos y oficinas de los impresores.

Sin embargo, mientras estas restricciones sucedían en la capital novohispana, de forma vertiginosa en las plazas donde se iban adhiriendo al movimiento independentista, impresores, editores, escritores públicos, clérigos, militares y exmilitares relacionados directa o indirectamente con Iturbide, pusieron al servicio de la causa su experiencia y prensas. En total fueron 11 las imprentas que se encargaron de emitir publicaciones trigarantes. En un extraordinario trabajo, el historiador Moisés Guzmán Pérez ubica a los personajes y el aporte en la materia para apoyar a Iturbide en la difusión del movimiento de las Tres Garantías.

Así, podemos saber que la prensa trigarante fue integrada por tres grandes grupos: uno compuesto por militares, entre los que destacan Joaquín y Bernardo de Miramón, Joaquín Arredondo, Rafael Escandón y Mariano Magán; otro, por eclesiásticos, como Joaquín Furlong Malpica, los hermanos Troncoso, José María Moreno Buencino, José Manuel de Herrera Sánchez, José María Idiáquez Arrona y Manuel de la Torre Lloreda. Y el grupo de los civiles, formado por José Joaquín Fernández de Lizardi, Pedro Garmendia Mosqueda, Mariano Monroy, Luis Arango Sotelo, Rafael Núñez Moctezuma, Mariano Rodríguez y Antonio de José Valdés.

No cabe duda que la noticia de la emisión del Plan de Iguala se propaló rápidamente gracias a este apoyo, sin soslayar que el consenso logrado en unos cuantos meses entre todos los grupos de poder novohispanos, también se debió a las propuestas del Plan, el cual prácticamente dio gusto a todas las facciones: una monarquía como sistema de gobierno encabezado por Fernando VII, el catolicismo como religión única, una Constitución y con ella, la representación de la soberanía en Cortes, la conservación de los fueros y privilegios eclesiásticos, el destierro de los odios entre americanos y españoles, la posibilidad de que éstos escogieran si se quedaban en la nueva nación y la asignación de empleos para quienes se manifestaran adherentes al movimiento de las tres garantías.

Para finales de mayo, la efervescencia del público, las noticias de la adhesión vertiginosa de las plazas, el engrosamiento de las fuerzas del Ejército Trigarante y su avance hacia la capital de Nueva España, así como el incremento de plumas y editores que opinaban a favor de la independencia debió alertar a Apodaca de que en aquel estado de conmoción lo mejor era cortar la posibilidad de que se continuaran esparciendo las opiniones, pues ni la prohibición del voceo ni las juntas de censura eran muros de contención para los impresos. Para ello, el jefe político sometió a consulta la posibilidad de suspender la libertad de imprenta; argumentó que el cese de este derecho sería temporal hasta que los ánimos revolucionarios se calmaran.

De esta forma, la libre prensa sería suspendida el 5 de junio de 1821. En el acuerdo el jefe político señalaba: “Siendo ya muy perjudicial, escandaloso e intolerable el notorio abuso que se hace de la ley de libertad de imprenta, como acreditan varios papeles […], cuyo tenor no sólo manifiesta haber sido dirigidos por el pérfido Iturbide y sus secuaces para su impresión […] resultado que así se compromete abiertamente la tranquilidad y seguridad del reino, de que soy responsable, se fomenta el partido de la sedición y se continúa el criminal designio de desunir a los habitantes fieles a la Constitución y al rey”, por ello, se cesaba este derecho “para la salvación del Estado”.

El “héroe de la Independencia”

Signados los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821 y un día antes de la entrada triunfal de Iturbide y del Ejército Trigarante a la ciudad de México, el 26 de septiembre, el generalísimo, a través del intendente Ramón Gutiérrez del Mazo, levantó la prohibición al anunciar que “se tiene toda la libertad para imprimir que le conceden los últimos reglamentos”, de tal manera que la firma del Acta Independentista fue aclamada por prácticamente todas las voces que tomaban sus plumas para opinar.

La percepción de la figura de Agustín de Iturbide crecía entre la población, en los sermones, en la abundancia de alegorías, en la poesía lírico-heroica, a lo que contribuían grandemente los papelistas con sus escritos en donde resaltaban la proeza encabezada. Proliferaron los autores que dedicaban largos párrafos a las virtudes y actuación del generalísimo, ponderaban el orgullo de que en la América septentrional hubiera nacido el hombre que puso fin a 300 años de cadenas, incluso lo concebían superior a George Washington.

La profusión de papeles destacando las cualidades del “héroe de la independencia” señalan a una opinión pública unánime en torno a Iturbide. En esos momentos difícilmente alguien pudiera dudar de la paternidad de la consumación independentista, nadie lo discutía, como afirma Javier Ocampo, “la mayor parte de los escritos hacen notar la idea espontánea del entusiasmo por elevar al héroe Iturbide hasta la cumbre de la inmortalidad”.

Los impresos “clamando”, de forma orquestada o espontánea, el cetro para Iturbide pusieron en alerta a otros grupos que pugnaban por el poder. Este posicionamiento público de un sector de la élite provocó un movimiento reaccionario en diversas facciones, quienes debieron advertir la fuerza adquirida por el vallisoletano. Muy rápido pasaron los efluvios, la emoción y la pasión con la que se enaltecía a Iturbide y a su grande obra: de la efervescencia absoluta por la emancipación y de la adoración exaltada hacia el generalísimo, se pasó al cuestionamiento. En unas cuantas semanas los estados de opinión mudaron a ideas que ponían en entredicho la sinceridad de Iturbide y el propio contenido de los documentos independentistas.

Iturbide cumplía con el Plan de Iguala en el punto número 4 y el artículo 6 de los Tratados de Córdoba, esto es, la conformación de la Junta Provisional Gubernativa que gobernaría interinamente conforme a la Constitución gaditana, cuya presidencia recayó en el generalísimo. En la prensa se observan dos corrientes de opinión y pronto, ambos bandos se identificaron: los iturbidistas, quienes enfatizaban en los aspectos fallidos del plan y barajaban la posibilidad del cetro para Iturbide; en tanto que los borbonistas cerraban filas para que lo estipulado en los dos documentos independentistas se cumpliera a cabalidad, sobre todo el ofrecimiento de la corona a Fernando VII o a alguno de sus descendientes.

Impresos sediciosos

La tercera garantía, la unión, se convirtió en un tema de discusión y lo que en principio había sido uno de los puntos de consenso entre todos los grupos que apoyaron el Plan de Iguala, volvía a ser un aspecto que dividía a los peninsulares y a los criollos. El 11 de diciembre de 1821 vería la luz el impreso Consejo prudente sobre una de las garantías del español Francisco Lagranda, quien exhortaba a los ibéricos a vender sus bienes y a salir del país porque los americanos no los querían con ellos. De acuerdo con la versión de Lucas Alamán, este papel produjo tal reacción que los generales y jefes del ejército se reunieron para pedir a Iturbide defendiera la tercera garantía.

El correo que llevaba el impreso hacia las provincias fue interceptado y el papel denunciado por sedicioso en primer grado; su autor fue condenado a seis años de prisión en el Hospicio de Pobres. Igual suerte corrieron El hombre libre de Juan Bautista Morales, El fraile y el pelahuejo, México dormido, las Cincuenta preguntas de El Pensador y el número 5 de La Abeja de Chilpantzinco.

La libertad de imprenta y su reglamento fueron modificados para atajar las opiniones disímiles, pues, a juicio de la Junta, se había caído en el abuso por la ignorancia de algunos escritores “de que el imperio tenía constitución y en ella bases fundamentales”. En estas nuevas normas se asentaba que no se podían atacar las seis bases fundamentales, “que a saber eran la unidad católica, sin tolerancia de ninguna otra; la independencia de España; la estrecha unión de todos los ciudadanos del imperio; la monarquía hereditaria constitucional moderada; el gobierno representativo y la división de los tres poderes”.

El papel de Agustín de Iturbide, tanto en el proceso de consumación independentista como en la conducción del primer año de la separación de España, ya sea en sus inicios como presidente de la Regencia y después como emperador de México, fue esencial al tratar de amalgamar a todos los grupos políticos y corrientes de opinión, pero esta unanimidad sólo se logró unos cuantos meses. La prensa de la época, con esas incipientes publicaciones no periódicas donde la opinión pública se manifestó, tomó partido, analizó, pero también defenestró y atacó a los oponentes, da cuenta de cómo rápidamente la percepción sobre el héroe vallesolitano comenzó a modificarse: de las loas y alabanzas se pasó de forma vertiginosa a la crítica y denostación.

Los deseos del generalísimo eran tener a la prensa a su favor y atajar los análisis de su actuación, pero las plumas no callaron al señalar los yerros del excomandante realista; baste recordar el arresto del director de La Abeja de Chilpantzinco, Carlos María de Bustamante, a quien el propio Iturbide denunció; en este impreso el escritor le pedía “que depositara la soberanía en unas Cortes soberanas capaces de decidir sobre el tipo de gobierno que mejor convenía a la nueva nación independiente”, esto debido a la dilación en la emisión de la convocatoria para elegir al Congreso que dotaría a México de una nueva Carta Magna.

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*Doctora en historia por la UNAM. Este texto contiene algunas de las ideas de una investigación más amplia sobre los papeles sueltos impresos entre 1820 y 1823 y su importancia en la formación de la opinión pública en México en esos años.

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