Defraudación fiscal

El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat es vinculado a proceso

Es el segundo juicio al que es sometido el exmandatario panista, luego de que en 2019 fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión por peculado.
domingo, 19 de septiembre de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx) .– Protagonista de escándalos de corrupción, dos veces preso en la última década, los problemas legales para Luis Armando Reynoso Femat, el exgobernador de Aguascalientes, continúan. Hoy, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el político y empresario, fue vinculado a proceso por defraudación fiscal equiparada, por reportar menos ingresos de los que en realidad tuvo entre 2013 y 2014.

La vinculación fue conseguida por la FGR con un juez de distrito especializado en proceso penal acusatorio, perteneciente al Centro de Justicia Penal Federal en Aguascalientes, quien si bien dio admisión al caso, otorgó cinco meses para una ampliación de las investigaciones.

Mientras la FGR termina de integrar el expediente, Reynoso Femat podrá mantenerse en libertad aunque deberá acudir a firmar cada 15 días.

 Luis Armando Reynoso Femat es un empresario de la construcción que se involucró en política en los años 90. Fue presidente municipal de Aguascalientes capital de 1999 a 2001 y gobernador del estado de 2004 a 2010, postulado por el PAN.

El imputado militó en el PAN hasta principios de este año, cuando Fuerza por México, el partido vinculado a Ricardo Monreal y otros lopezobradoristas como el líder obrero Pedro Haces, lo admitieron y postularon como candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, a pesar de las dos ocasiones en que ha ido preso.

La primera vez que estuvo en prisión fue a consecuencia de un fraude relacionado con el sector inmobiliario; la segunda, por delitos relacionados por corrupción, entre estos peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Las dos ocasiones que estuvo preso fue por una estadía breve, en la segunda oportunidad, fue declarado culpable solo de peculado por el desfalco de 13.8 millones de pesos durante el ejercicio del cargo como gobernador. La sentencia: poco más de 4 mil pesos de multa, prisión por dos años y medio (que por ser menor fue conmutada por “trabajo comunitario”) y una inhabilitación para ejercer el servicio público por un año y medio que se cumplió en febrero pasado.

Mientras tanto, desde 2015 enfrenta acusaciones por defraudar al fisco, un asunto que esta vez fue admitido a trámite en el mencionado caso dado a conocer hoy por la FGR a través de un escueto comunicado en el que se precisa que el delito que se le imputa fue cometido en sus actividades privadas, en perjuicio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"En los ejercicios fiscales mencionados probablemente consignó ingresos menores a los realmente obtenidos conforme a su actividad comercial registrada".

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