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Colectivos exigen cesar el hostigamiento contra investigadores; señalan persecución "irracional"

En un pronunciamiento acusaron al fiscal Alejandro Gertz de usar su cargo para venganzas personales, y recriminaron que se ataque a la comunidad científica mientras quedan en la impunidad violaciones graves a los derechos humanos.
lunes, 27 de septiembre de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- #SeguridadSinGuerra y el Colectivo contra la Impunidemia calificaron de “uso faccioso” el proceso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes de la comunidad científica.

“Dados los antecedentes del caso y el contexto, la acción insistente de la FGR contra personas de la academia puede configurar un preocupante episodio del uso faccioso del aparato de procuración de justicia para inhibir la libertad académica y de pensamiento como parte integrante del derecho a la libre expresión”, denunciaron en un pronunciamiento público.

Acusaron al fiscal Alejandro Gertz Manero de usar su cargo para venganzas personales, y recriminaron que se ataque a la comunidad científica mientras quedan en la impunidad violaciones graves a los derechos humanos.

“Exigimos cesar el hostigamiento dirigido en contra de investigadores a través de la persecución penal, y en caso de existir conductas reprochables, se haga mediante una calificación jurídica adecuada”, pidieron.

#SeguridadSinGuerra y Colectivo contra la Impunidemia destacaron la gravedad de las solicitudes de la FGR contra 31 científicos y académicos acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Consideraron que dichos delitos son desproporcionados y perfilan un efecto amedrentador por razones políticas. Asimismo, advirtieron que, con las reformas recientes al catálogo de delito de prisión preventiva oficiosa, la acusación de delincuencia organizada implicaría que los científicos sean encarcelados.

“Más preocupante aún es la pretensión de sujetar a las científicas y científicos a prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano”, destacaron.

“Esto es un uso irracional del derecho penal, contrario a los principios democráticos”, recalcaron.

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