CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reprobó la persistencia de “distintas expresiones homofóbicas, transfóbicas y actos de odio externados por ciertos integrantes de la ciudadanía y del funcionariado público” pese a que el Estado mexicano “cuenta con un marco legal y normativo que promueve el respeto, la inclusión y la progresividad de los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual”.

Condenó los recientes hechos de violencia contra la población LGBTTTI+, como “el intento de transfeminicidio contra la activista Natalia Lane, así como el asesinato de Nohemí y Yulizsa, pareja de mujeres lesbianas ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua”, y consideró que casos tan graves “son muestra de que es inaplazable construir nuevas estrategias interinstitucionales que permitan potenciar, con mayor efectividad, las políticas públicas que ya existen para erradicar las múltiples formas de exclusión y los factores de discriminación y violencia” hacia esa comunidad.

El instituto recordó que tras la realización de consultas entre ellas a mujeres de la diversidad sexual, se estableció el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024, que están obligados a cumplir toda la administración pública federal.

A las autoridades de tres órdenes de gobierno, llamó a atender lo señalado por mujeres de la diversidad sexual que refirieron como “principales problemáticas, la violencia que sufren por violencia de género, la discriminación y la falta de reconocimiento de su identidad sexogenérica”.

El Inmujeres insistió en que Proigualdad “incluye líneas de acción dirigidas a brindar acompañamiento legal especializado; propiciar el cambio cultural mediante el impulso de proyectos de incidencia social pública y comunitaria, en cooperación con la sociedad civil y fomentar el respeto a la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, gays, bisexuales y trans”.

Añadió que el programa “mandata el avance en la armonización del marco jurídico conforme a los estándares internacionales, que impulse el reconocimiento de la identidad de las personas trans, con el fin de propiciar su participación política en procesos electorales y la ocupación de cargos en condiciones de seguridad, igualdad y no discriminación”.

Ante el marco jurídico preexistente, Inmujeres alentó a los tres órdenes de gobierno y tres poderes del Estado “a cumplir con sus responsabilidades como garantes de los derechos emanados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, concretamente con el artículo primero, así como desarrollar e implementar a cabalidad las acciones que forman parte de la política nacional de igualdad, de la cual Proigualdad 2020-2024 es parte fundamental con el fin de que garanticen de manera sustantiva el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para la comunidad LGBTTTI+”.