Digna Ochoa

AMLO se compromete a cumplir con la sentencia que condena la muerte de Digna Ochoa

Mantendrán los acuerdos alcanzados con la familia de la defensora de los derechos humanos
jueves, 20 de enero de 2022 · 17:37

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar cumplimiento a la sentencia condenatoria contra el Estado mexicano emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de la defensora Digna Ochoa, ocurrida el 19 octubre de 2001, año en el que el actual mandatario fungía como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores resaltan que este miércoles 19 fueron notificados de la decisión del tribunal regional sobre el “Caso Digna Ochoa y Familiares Vs México”, acordada por los jueces el 25 de noviembre de 2021.

“El Estado mexicano estudiará con atención las disposiciones del Tribunal Interamericano en su resolución definitiva sobre el presente caso, a fin de cumplir con sus términos de conformidad con sus obligaciones a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en el pronunciamiento oficial.

La Segob y la SRE informan que mantendrá los “compromisos y acuerdos alcanzados con la familia de la defensora (…) en materia de reparación de daño y garantías de no repetición, y atenderá puntualmente lo señalado por la Corte IDH al respecto”.

El documento refiere que en la sentencia, la Corte IDH “reconoce la disposición del Estado mexicano para resolver las falencias que pudieran existir en la investigación del caso de la muerte de Digna Ochoa”.

En nombre del Estado mexicano, las dependencias manifestaron “su reconocimiento a la labor de la defensora Digna Ochoa y reitera su compromiso de honrar su memoria y legado”.         

Cabe recordar que, durante el gobierno de López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal, la entonces Procuraduría General de Justicia al frente de Bernardo Bátiz -actual miembro del Consejo de la Judicatura- clasificó la muerte de la defensora de derechos humanos como “suicidio disimulado”, pese a la existencia de elementos que apuntaban hacia un homicidio, como amenazas de muerte previas y presentar dos impactos de bala en su cuerpo.

 

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