MADRID (EUROPA PRESS).- La FGR abrió un proceso legal contra un agente de la ya disuelta Policía Federal Ministerial por un delito de tortura contra el líder del cártel Guerreros Unidos, Sidronio “El Chino” Casarrubias Salgado, durante los interrogatorios en los que habría confesado su responsabilidad en el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según la investigación a la que tuvo acceso el diario “Milenio”, queda probado que varios agentes de la Policía Federal Ministerial, entre ellos Gabriel Valle Campo, irrumpieron el 15 de octubre de 2014 en un restaurante de Ocoyoacac, en Estado de México, donde golpearon a “El Chino”, quien fue trasladado en un vehículo de la también disuelta PGR a dependencias estatales.

"Servidores públicos adscritos a la Policía Federal Ministerial infringieron dolores y sufrimientos graves a los pasivos con el fin de obtener información o confesión sobre la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa", señala la investigación, que detalla algunas de las torturas.

"Lo llevaron a un edificio, al parecer de la Procuraduría, donde lo tiraron boca abajo y lo patearon; después, sentado le pusieron una bolsa de plástico atada en la cabeza, le introdujeron líquido en la bolsa, produciéndole asfixia y que quedara en estado de inconsciencia (...), lapso en el que lo sodomizaron vía anal", detalla.

Después de la reciente muerte de Mario Casarrubias Salgado, alias “Sapo Guapo”, a causa del coronavirus, asumieron el control del cártel sus hermanos, José Ángel “El Mochomo” y “El Chino”, quien habría dado la orden al jefe de sicarios del grupo, Gildardo López Astudillo, de ejecutar a los 43 normalistas a su paso por la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

La denuncia fue revelada ahora después de que un juez de apelaciones recientemente ratificara la pena de prisión provisional fijada en julio de 2020 para el detective Valle Campo por delitos de tortura, abuso de autoridad y contra la administración de justicia.

Un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya denunció en 2016 que una veintena de personas detenidas por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas (estudiantes de magisterio) habrían sufrido torturas para arrancarles una confesión de culpabilidad.

Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales. Los jóvenes fueron perseguidos y asesinados por policías municipales, según una nueva investigación que refutaba la teoría esgrimida por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto de que habrían sido confundidos en una disputa entre grupos criminales.